Tras la reciente evaluación de riesgo realizada por Fitch Ratings, que otorgó a Bolivia su calificación más baja hasta la fecha, el Gobierno ha expresado su desacuerdo con esta valoración, argumentando que el análisis de la agencia es insuficiente y no refleja la realidad económica del país. La firma ha señalado que Bolivia se encuentra al borde del default, lo que ha generado preocupación en las autoridades.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitió un comunicado en el que cuestiona la calificación de “CCC-” otorgada por Fitch, aduciendo que la evaluación se centra de manera excesiva en las Reservas Internacionales Netas (RIN), desestimando otros aspectos cruciales de la economía boliviana. Según el Ministerio, este enfoque simplista no captura la complejidad de un sistema económico que está en constante evolución.
El comunicado enfatiza que para realizar una valoración adecuada de la economía de un país es fundamental considerar una serie de indicadores, tales como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el estado del sistema financiero, la inversión, el cumplimiento de las obligaciones de deuda externa, así como aspectos relacionados con el empleo y la pobreza.
El Gobierno destaca que, a pesar de los retos, Bolivia ha mostrado un crecimiento sólido, con un aumento del 3,1% en 2023 y un 2,6% en el segundo trimestre de 2024. También se menciona una tasa de desempleo notablemente baja, que se situó en 3,4% en junio de 2024.
Desde la implementación de la Ley del Oro, las RIN han mostrado signos de estabilización, alcanzando $1.976 millones a finales de 2024, lo que representa un incremento de $267 millones en comparación con el año anterior. Se anticipa que las compras de oro seguirán aumentando en 2025.
No obstante, el Ministerio también reconoció que la liquidez en divisas ha sido impactada por bloqueos legislativos, especulación en el mercado cambiario y una disminución en la producción y exportación de gas, atribuida a la falta de inversiones en exploración.
El año 2024 estuvo marcado por bloqueos prolongados que generaron pérdidas superiores a $3.000 millones y un aumento en la inflación, aunque el país cumplió con sus obligaciones de deuda externa. Además, factores globales, como la inflación y la desaceleración económica, han influido en la estabilidad del país.
En respuesta a la disminución en la producción de gas, el Gobierno ha implementado desde 2021 un Plan de Reactivación del Upstream, que incluye 56 proyectos destinados a reponer reservas de hidrocarburos, aumentar la producción de gas y petróleo, y fomentar el desarrollo nacional, garantizando la estabilidad energética.
Fitch Ratings, reconocida como una de las principales agencias de calificación crediticia a nivel mundial, ha rebajado la calificación de Bolivia a ‘CCC-‘, lo que indica un elevado riesgo de incumplimiento en el pago de la deuda externa en un futuro cercano. La agencia ha señalado que el Gobierno continúa enfrentando un déficit fiscal significativo, que alcanzó el 9,1% del PIB en 2024, lo que implica que por cada 100 bolivianos generados, el gasto gubernamental supera en 9 bolivianos a los ingresos. Este déficit se financia a través de la emisión de dinero, lo que incrementa la posibilidad de inflación
