Bolivia dispone de un conjunto de normativas destinadas a la regulación y prevención de incendios forestales. El especialista en el tema, Luis Acosta Arce, Ph.D. y originario de Tarija, destaca que estas regulaciones abarcan diversas leyes que intentan abordar esta problemática de manera integral.
Acosta Arce señala que la Ley 337, que promueve la producción agrícola y la restauración de bosques, ha recibido críticas por permitir prácticas de desmonte que podrían agravar la deforestación, aumentando así el riesgo de incendios. Asimismo, menciona la Ley 300 y la Ley 071, que están orientadas a la gestión de recursos naturales y la protección ambiental, aunque reconoce que la falta de reglamentación adecuada dificulta su implementación efectiva.
El experto también subraya la importancia del Código Procesal Agroambiental, que establece la necesidad de contar con un marco normativo que regule las acciones relacionadas con el medio ambiente, incluyendo la gestión de incendios forestales.
Además, Acosta Arce resalta la existencia de leyes, como la Ley 1700 y la Ley 1333, que, a pesar de ser fundamentales para la gestión forestal, se encuentran desactualizadas y fueron promulgadas en 1996 y 1992, respectivamente. Estas normativas requieren una revisión y actualización para adaptarse a las necesidades actuales.
En cuanto a las estrategias de prevención, el especialista propone varias acciones prácticas, tales como la implementación de líneas cortafuegos, la prohibición de quemas en condiciones climáticas adversas, como fuertes vientos y altas temperaturas, y la necesidad de contar con personal capacitado para controlar la expansión del fuego.
Finalmente, Acosta Arce enfatiza la importancia de una coordinación interinstitucional en situaciones de emergencia, sugiriendo que la colaboración entre diversas organizaciones sociales e instituciones es esencial para una gestión eficaz de los recursos forestales y la prevención de incendios
