A menos de un mes para la realización de las elecciones subnacionales, el proceso electoral avanza hacia su fase decisiva, marcada por una serie de actividades que reflejan tanto el dinamismo político como los preparativos institucionales necesarios para garantizar la transparencia y orden en los comicios. Más de 7 millones de ciudadanos están convocados a ejercer su voto para elegir a más de 5.000 autoridades regionales, entre gobernadores, vicegobernadores, asambleístas titulares y suplentes, alcaldes y concejales, lo que subraya la magnitud y relevancia del evento democrático en el país.
El inicio formal de esta etapa operativa se evidenció con la designación de los jurados electorales. A nivel nacional, se sortearon más de 200 mil ciudadanos para desempeñarse en la supervisión y administración de las 33.439 mesas de sufragio que estarán habilitadas el día de las elecciones. La notificación oficial a estos jurados comenzó a realizarse desde finales de febrero y continuará hasta el día mismo del sufragio, mientras que la lista completa fue publicada recientemente en medios impresos y en el portal digital del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), garantizando así la transparencia en este proceso fundamental para el desarrollo ordenado de la jornada electoral.
En cuanto a la participación de los jurados electorales, se estableció un calendario claro que permite presentar excusas ante los Tribunales Electorales Departamentales durante un periodo específico, comprendido entre finales de febrero y principios de marzo. Posteriormente, se iniciará un proceso intensivo de capacitación que se extenderá hasta el día del sufragio, asegurando que quienes desempeñarán esta función cuenten con los conocimientos necesarios para administrar correctamente las mesas electorales y resolver cualquier eventualidad que pueda surgir.
Paralelamente a estos preparativos logísticos, la campaña electoral ha experimentado una notable intensificación con la incorporación masiva de propaganda en medios tradicionales y digitales desde mediados de febrero. Los actos públicos y difusión mediática están autorizados hasta pocos días antes del sufragio, lo que permite a las organizaciones políticas desplegar sus estrategias comunicativas para captar el respaldo ciudadano. Sin embargo, existe una regulación estricta en torno a los estudios de opinión; estos podrán ser difundidos hasta mediados de marzo, mientras que desde esa fecha comenzará un periodo denominado silencio electoral. Durante este lapso final previo a la votación, queda prohibida cualquier difusión que pueda favorecer o perjudicar a candidaturas o partidos políticos específicos, buscando preservar un ambiente equilibrado e imparcial para que los electores tomen sus decisiones sin presiones externas.
La dinámica electoral también contempla aspectos relacionados con las candidaturas mismas. El plazo para presentar demandas que inhabiliten postulaciones estará abierto hasta principios del mes electoral. Además, se habilitaron dos periodos diferenciados para la sustitución de candidatos: uno ordinario hasta mediados de marzo y otro excepcional por causas sobrevinientes como fallecimiento o incapacidades permanentes en un plazo similar. Estas disposiciones garantizan flexibilidad y legalidad ante eventualidades imprevistas, manteniendo siempre vigente la posibilidad para los partidos políticos de ajustar sus listas conforme a las circunstancias.
Uno de los eventos más destacados en esta etapa son los debates regionales organizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Estos encuentros obligatorios representan espacios fundamentales donde los candidatos podrán exponer sus propuestas y confrontar ideas frente al electorado. Los debates están programados en dos fechas clave: primero para aspirantes a alcaldías y luego para quienes buscan gobernar las regiones. Su realización simultánea en todos los departamentos refleja un esfuerzo coordinado por ofrecer igualdad de condiciones informativas en todo el territorio nacional.
En cuanto a la logística final del proceso electoral, se anticipa una serie de publicaciones oficiales dirigidas a informar detalladamente al votante sobre aspectos prácticos esenciales. A mediados del mes previo al sufragio se dará a conocer la ubicación exacta de cada mesa receptoras incluyendo recintos y asientos electorales; unos días después se revelará dónde se efectuará el cómputo departamental oficial. Finalmente, desde las primeras horas del día electoral será asumido por parte del Órgano Electoral el control operativo total sobre la fuerza pública asignada al resguardo del material electoral y recintos destinados al voto; esta medida busca fortalecer la seguridad y garantizar condiciones óptimas durante toda la jornada.
En materia financiera, el Gobierno aprobó un incremento presupuestario superior a los 25 millones bolivianos mediante un decreto supremo específico destinado exclusivamente a cubrir necesidades adicionales vinculadas con estos comicios subnacionales. Este aumento contempla recursos específicos dirigidos tanto a consultorías especializadas como al apoyo individual técnico dentro del Órgano Electoral Plurinacional. El presidente del TSE ha señalado que este presupuesto supera incluso al asignado durante las elecciones generales anteriores debido principalmente a la mayor complejidad logística inherente al carácter descentralizado y multifacético del proceso regional.
La cercanía del día electoral impone así una intensa agenda tanto para autoridades electorales como para actores políticos y ciudadanos en general. La combinación entre preparación técnica rigurosa —que incluye capacitación masiva e implementación logística— junto con una campaña dinámica pero regulada busca asegurar no solo una participación amplia sino también transparente y ordenada. Estos comicios representan una oportunidad crucial para definir liderazgos locales con impacto directo sobre múltiples aspectos sociales y económicos regionales; por ello su correcta ejecución es vital para fortalecer los mecanismos democráticos e institucionales vigentes en todo el país
