Autoridades han iniciado un operativo conjunto que involucra a efectivos policiales y militares con el objetivo de restablecer el tránsito en las vías bloqueadas del país. El presidente Luis Arce confirmó la instrucción para llevar a cabo esta operación.
La acción se ha centrado inicialmente en la carretera que conecta Cochabamba con Oruro, la cual ha permanecido intransitable durante diez días debido a las obstrucciones impuestas por grupos afines a Evo Morales. El despliegue para despejar esta importante arteria que une Cochabamba con el occidente del país comenzó en las primeras horas del día, partiendo desde el sector de Parotani. Los trabajos iniciales derivaron en enfrentamientos con los manifestantes, con un saldo de al menos dos agentes de policía heridos, uno de ellos de gravedad.
El mandatario señaló que estas tareas de despeje se extenderán de manera progresiva a todas las rutas principales del territorio nacional. El propósito declarado es garantizar la libre circulación tanto de personas como de mercancías.
Diversas organizaciones vinculadas al sector evista mantienen bloqueos indefinidos en varias carreteras desde el 2 de junio. Estas medidas de presión se han desarrollado en el contexto de una serie de incidentes violentos. Los portavoces de los manifestantes han exigido públicamente la dimisión del presidente Arce, argumentando la existencia de una crisis económica. Sin embargo, el jefe de Estado ha identificado a Evo Morales como el instigador de estas protestas, afirmando que buscan forzar su postulación a una nueva candidatura presidencial.
El presidente Arce declaró que estas acciones, que incluyen bloqueos y actos vandálicos, tienen como único fin el derrocamiento del gobierno, desestimando que esto represente una solución a los problemas del país. Insistió en que el verdadero objetivo es facilitar una candidatura presidencial para Evo Morales que considera inconstitucional.
Asimismo, el mandatario se refirió a lo que calificó como un doble discurso por parte de los grupos movilizados para alcanzar sus propósitos. Describió que hacia el exterior se difunden mensajes sobre una supuesta guerra jurídica (Lawfare) en Bolivia, mientras que internamente se promueve la narrativa de que están siendo objeto de racismo contra los pueblos indígenas. El presidente Arce rechazó categóricamente estas versiones, calificándolas de totalmente falsas y parte de una estrategia para generar opinión pública favorable a sus demandas.
Detalló otras acciones atribuidas a los manifestantes durante las protestas, incluyendo la intimidación a vocales electorales, miembros de la policía y asesores gubernamentales, así como agresiones físicas contra personal de salud e integrantes de las fuerzas de seguridad. Mencionó también asaltos a comunidades, la profundización del desabastecimiento y un presunto plan para sitiar la ciudad de La Paz con el fin de provocar su rendición mediante el hambre.
El presidente afirmó que este tipo de hechos no serán permitidos. De igual modo, expresó su desacuerdo con los dobles discursos, cuestionando la coherencia de quienes, por un lado, dicen luchar por la canasta familiar pero impiden la circulación de alimentos; dicen luchar por los más humildes pero obstaculizan su tránsito; dicen preocuparse por el combustible pero retienen cisternas; y dicen preocuparse por el bienestar de Bolivia mientras hablan de batallas finales. Se preguntó qué resultados positivos podrían derivarse de tales contradicciones
