En Bolivia, la problemática de los incendios forestales se ha intensificado en los últimos quince años, convirtiéndose en un desafío recurrente que afecta vastas extensiones de bosques y biodiversidad. Activistas y legisladores han señalado que ciertas normativas, justificadas por la necesidad de expandir la frontera agrícola y garantizar la seguridad alimentaria, han facilitado y, en algunos casos, incentivado estas prácticas destructivas. Ante esta situación, se está preparando una propuesta legislativa destinada a derogar las denominadas leyes incendiarias y a implementar sanciones más estrictas para quienes desencadenen estos siniestros.
Los incendios han tenido un impacto significativo en varios departamentos, provocando que regiones como Beni, Pando y Santa Cruz se vean obligadas a declarar estado de emergencia debido a la densa capa de humo que cubre el cielo boliviano.
Un análisis de las leyes vigentes ha revelado que varias de ellas son responsables del aumento de los incendios. Entre estas se encuentran la Ley 741, que permite el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades agrícolas; la Ley 952, que amplía el plazo para el registro en programas de apoyo a la producción alimentaria; y la Ley 1171, que regula el uso de quemas controladas. Además, el Decreto Supremo 3973, que modifica disposiciones anteriores, también ha sido señalado como un factor que favorece el desmonte para actividades agropecuarias en zonas críticas.
Expertos y activistas han argumentado que estas regulaciones, pensadas para impulsar la producción agrícola y ganadera, han contribuido de manera significativa a la acelerada deforestación y a la crisis ambiental en el país, exacerbada por la falta de control y supervisión en su aplicación.
En este contexto, la senadora Cecilia Requena, representante de Comunidad Ciudadana, ha presentado el proyecto de ley 003 en 2023. Este proyecto busca abordar de manera integral el problema de las quemas ilegales y los incendios forestales. Requena ha destacado que su bancada fue pionera en esta iniciativa, lo que les otorga prioridad en su tratamiento legislativo, con la expectativa de que sea debatido en las próximas semanas.
La propuesta no solo contempla un aumento en las multas para quienes provoquen incendios de manera ilegal, sino que también elimina las exoneraciones previas para estos infractores. Requena ha enfatizado la necesidad de evitar un incentivo perverso que permita la regularización de tierras quemadas ilegalmente, un fenómeno que ya se ha observado en casos como el de El Choré, donde el Gobierno legalizó ocupaciones tras incendios intencionales.
Este proyecto se distingue de otras iniciativas en la Asamblea Legislativa, ya que no busca simplemente derogar las leyes existentes, sino que aspira a establecer un enfoque más holístico. La senadora propone políticas públicas que transformen la gestión de la tierra en Bolivia, promoviendo un desarrollo sostenible que respete las áreas forestales y humedales.
Requena ha señalado que, aunque los incendios forestales son un fenómeno habitual, su frecuencia y severidad han aumentado debido a las políticas que favorecen el desmonte y las quemas controladas. Este modelo ha causado daños significativos a los ecosistemas y ha contribuido al agravamiento de la crisis climática en la región.
La legisladora ha urgido a la acción inmediata para revertir estas políticas y proteger los recursos naturales del país. Advierte que, si no se toman medidas ahora, el futuro podría ser desolador, con recursos naturales completamente agotados. La propuesta también incluye la creación de políticas orientadas a la conservación de áreas críticas, buscando un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad que prevenga la deforestación masiva y la pérdida de ecosistemas esenciales
