En el contexto de la inminente segunda vuelta electoral, donde las candidaturas de Alianza Libre y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) buscarán la presidencia y vicepresidencia del Estado el próximo 19 de octubre, representantes de ambas fuerzas políticas expusieron recientemente sus estrategias para enfrentar la creciente problemática de la violencia vinculada al narcotráfico en el país.
Branko Marinkovic, senador electo por Alianza Libre, inició su análisis vinculando el actual escenario con decisiones políticas pasadas. Sostuvo que la elección de un presidente proveniente de las federaciones cocaleras, cuya producción en gran parte se destina al tráfico de sustancias ilícitas, hizo previsible el aumento del narcotráfico. Para el exlíder cívico, la administración anterior, bajo el liderazgo del MAS, demostró una ineficacia total. Criticó la distracción en temas secundarios, como la propuesta de legalizar vehículos indocumentados, argumentando que estos son a menudo pagados con droga en la frontera por redes criminales. Marinkovic fue categórico al rechazar cualquier amnistía para los infractores, proponiendo en su lugar una reducción de aranceles a la importación legal. Enfatizó la necesidad de reformar las leyes, citando como ejemplo la figura del colaborador eficaz.
El legislador de Alianza Libre propuso medidas integrales, incluyendo la colaboración con fuerzas policiales federales de Brasil y Chile, a quienes considera más experimentadas en la lucha contra el narcotráfico. Sugirió también un incremento salarial y una capacitación exhaustiva para la policía boliviana, con el fin de mejorar su eficacia y reducir la corrupción. Adicionalmente, planteó la posibilidad de recurrir a organismos internacionales que deseen prestar ayuda, mencionando a la DEA, aunque reiteró su preferencia por la experiencia de las policías federales brasileñas. Marinkovic también apuntó a la reducción de cultivos de coca, señalando al Chapare como el epicentro del problema, una región que describió como una republiqueta con estructuras policiales sindicales propias y un exceso de producción cocalera.
Por su parte, Santiago Terceros, vocero del Partido Demócrata Cristiano, describió la situación actual como una profunda crisis moral y estructural, con un deterioro progresivo que abarca desde el narcotráfico hasta la violencia. La propuesta del PDC se centra en la recepción de cooperación internacional, reconociendo la existencia de expertos que pueden aportar soluciones, siempre bajo el respeto a la soberanía nacional. Una medida clave es el restablecimiento de los lazos diplomáticos con Estados Unidos, con la convicción de que el narcotráfico trasciende las fronteras y requiere un gobierno fuerte y una apertura al mundo para reconstruir el país.
En cuanto a la cuestión de los vehículos indocumentados, Terceros clarificó que la iniciativa del PDC contempla un esquema diferente: establecer un periodo temporal para regularizar la oferta y demanda en el mercado, seguido de una posterior reducción de aranceles. El objetivo es formalizar y controlar mejor estos espacios. Finalmente, el vocero del PDC criticó la actual configuración de la institución policial, señalándola como un instrumento de extorsión y abogando por una reformulación profunda. Mencionó que el candidato a la vicepresidencia de su partido, Edman Lara, posee un conocimiento profundo de esta institución y ha impulsado una lucha personal para lograr soluciones de fondo, con la visión de transitar hacia una Policía Departamental en el futuro
