El gobierno boliviano ha decidido llevar a cabo una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad en las prisiones del país, tras el trágico suceso ocurrido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, donde dos reclusos fueron hallados muertos en su celda. Esta medida fue anunciada por el viceministro de Seguridad Ciudadana, quien destacó la necesidad de mejorar los mecanismos de control para asegurar la integridad de los internos.
Los dos individuos fallecidos, que fueron víctimas de apuñalamiento, fueron encontrados el lunes en circunstancias que han sido calificadas como violentas. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz se encuentra actualmente realizando investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este crimen.
Este incidente se suma a otro homicidio registrado en el mismo penal a finales de enero, donde un recluso fue abatido con un disparo dentro de su celda. Las investigaciones revelaron que un policía había vendido el arma utilizada en el ataque y que varios reclusos extranjeros estaban involucrados en el caso.
El viceministro subrayó la preocupación por el aumento de la violencia en las cárceles bolivianas, aunque también mencionó que una evaluación internacional indica que los niveles de violencia en estas instituciones son relativamente bajos en comparación con otros países de la región. No obstante, enfatizó que los recientes incidentes justifican la implementación de medidas de seguridad más estrictas.
Uno de los problemas más acuciantes que enfrenta el sistema penitenciario en Bolivia es el hacinamiento, que ha aumentado un 11 % en 2024. Datos de la Defensoría del Pueblo indican que la población carcelaria se elevó a cerca de 32,000 internos en el último año, en comparación con los 28,838 del año anterior.
La situación en las cárceles ha sido objeto de preocupación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha realizado varias visitas a Bolivia para evaluar las condiciones en las que se encuentran los reclusos. La CIDH ha denunciado múltiples violaciones a los derechos humanos en estos centros, incluyendo la falta de atención médica adecuada, escasez de agua y alimentos, y condiciones insalubres en las instalaciones
