La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha promulgado una ley que concede amnistía a militares, policías y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno que afectó al país entre 1980 y 2000. Esta acción se llevó a cabo a pesar de la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno se abstuviera de implementar una normativa que podría impactar negativamente los derechos de las víctimas.
El periodo de conflicto interno en Perú, que enfrentó a las fuerzas estatales con grupos insurgentes como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó un saldo devastador. Las investigaciones sobre este periodo estiman que aproximadamente 70.000 personas perdieron la vida, en su mayoría civiles. Adicionalmente, las autoridades judiciales han calculado en cerca de 20.000 el número de desaparecidos.
La Jefa de Estado, cuya gestión enfrenta un significativo nivel de desaprobación, defendió la promulgación de esta medida, la cual fue aprobada por el Congreso de mayoría conservadora el 9 de julio. Durante una ceremonia en Palacio de Gobierno, la mandataria explicó que, con la entrada en vigor de esta ley, el ejecutivo reconoce el sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y los comités de autodefensa civil en su labor de combatir el terrorismo y proteger la democracia.
La normativa establece que la amnistía será aplicable a aquellos uniformados y civiles que aún no hayan sido sentenciados por la justicia. Asimismo, prevé la excarcelación de los condenados mayores de 70 años. Los defensores de la ley argumentan que su implementación permitirá cerrar procesos judiciales que han permanecido abiertos por más de tres décadas. Organizaciones de derechos humanos calculan que esta disposición podría beneficiar a alrededor de 900 efectivos militares y policiales, incluyendo a varios generales.
Frente a las críticas por la amnistía, la presidenta Boluarte desestimó las objeciones, subrayando que nadie puede osar e insinuar a los agentes del Estado o a la sociedad peruana a subvertir las leyes de la República, y exigió respeto. En ese sentido, sugirió que quienes cuestionan la medida se alinean con aquellos que perpetraron violaciones de derechos humanos contra ciudadanos peruanos.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a familiares de las víctimas, expresó su objeción a la promulgación de la ley, argumentando que esta otorga impunidad a policías y militares acusados de graves violaciones de derechos humanos. La entidad señaló en un pronunciamiento que la medida deja sin justicia a miles de familias que llevan más de 40 años luchando por verdad y reparación. De manera similar, una destacada organización internacional de derechos humanos calificó la legislación como una traición a las víctimas peruanas.
Cabe recordar que, previamente a esta amnistía, Perú había promulgado en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en el contexto de la lucha contra las guerrillas. Esta iniciativa, que defensores de los derechos humanos han denominado Ley de Impunidad, tuvo implicaciones para el expresidente Alberto Fujimori, ya fallecido, quien fue condenado por ordenar dos masacres de civiles perpetradas por el ejército en 1991 y 1992, además de alcanzar a unos 600 militares procesados
