Brenda Lafuente, expareja del exmandatario Luis Arce, ha dado un nuevo paso legal en su confrontación judicial al presentar en Sucre una tercera denuncia formal en contra del exgobernante. En esta ocasión, la acusación se centra en el abandono de su hijo en común, un tema que ha cobrado especial relevancia debido a la gravedad de las circunstancias que rodean la salud del menor. Según Lafuente, el niño estuvo al borde de la muerte en dos ocasiones y durante esos momentos críticos no recibió ningún tipo de apoyo por parte de su padre, lo que ha motivado esta nueva acción judicial.
La madre del menor ha recabado un conjunto significativo de pruebas para sustentar su denuncia, incluyendo un extenso historial clínico compuesto por más de 300 hojas que documentan los episodios de riesgo vital sufridos por el niño. Con base en esta documentación, Lafuente sostiene que existe una clara responsabilidad penal por parte de Arce, argumentando que la ley contempla una pena privativa de libertad de hasta seis años para quienes incumplen con sus obligaciones parentales. Esta presentación representa un avance importante dentro del proceso judicial y pone sobre la mesa una acusación grave que trasciende el ámbito familiar para involucrar directamente la protección legal y los derechos del menor.
Esta tercera denuncia se suma a otros dos procesos legales que Brenda Lafuente mantiene abiertos contra Luis Arce. El primero fue presentado en septiembre del año anterior y está vinculado a la asistencia familiar, mientras que el segundo corresponde a una demanda por abandono durante el embarazo, presentada un mes después. Ambos casos están siendo tramitados en la justicia de Cochabamba pero han experimentado un ritmo lento debido a las estrategias dilatorias implementadas por la defensa del expresidente. Esta situación ha generado preocupación y cuestionamientos respecto al manejo imparcial y eficiente por parte de las autoridades judiciales locales.
En este sentido, Brenda Lafuente ha expresado públicamente su percepción sobre una parcialización evidente en la Fiscalía de Cochabamba hacia Luis Arce Catacora. Asegura que la institución no está actuando con objetividad ni imparcialidad y ha denunciado incluso haber sido objeto de investigaciones por parte de la fiscal asignada al caso, pese a ser ella quien interpuso las denuncias y quien se considera víctima directa. Esta situación pone en evidencia posibles dificultades institucionales para garantizar procesos justos y transparentes cuando existen figuras políticas involucradas.
Ante los obstáculos encontrados para presentar sus documentos a través de medios digitales oficiales, Lafuente optó por trasladarse hasta Sucre con el fin de entregar personalmente su memorial ante Roger Mariaca, una autoridad a quien solicitó ejercer justicia cabal sobre el caso. La insistencia en este acto refleja no solo su determinación sino también las trabas burocráticas o administrativas que pueden afectar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas.
Por otra parte, Brenda subrayó que el hecho de que Luis Arce haya realizado algún pago o entrega puntual como asistencia familiar no elimina ni anula la comisión del delito. Enfatizó que el abandono se configuró desde el momento mismo en que dejó desatendido al hijo durante el embarazo y continuó después del nacimiento hasta casi un año sin brindar apoyo alguno. Por tanto, cualquier gesto posterior no exime ni modifica la responsabilidad penal derivada del abandono inicial ni mitiga las consecuencias sufridas por el niño y su madre.
Este caso tiene implicaciones significativas tanto para quienes lo siguen como ejemplo dentro del ámbito público como para los ciudadanos comunes afectados por situaciones similares. La lucha legal emprendida por Brenda Lafuente destaca la importancia de proteger los derechos infantiles y maternos frente a negligencias parentales graves, así como también pone sobre relieve las dificultades institucionales para asegurar procesos judiciales justos cuando están involucrados personajes con poder o influencia política. Asimismo, abre un debate sobre cómo deben responder las autoridades ante denuncias delicadas relacionadas con abandono familiar y violencia estructural dentro del núcleo familiar.
En definitiva, este nuevo episodio judicial representa una compleja trama donde convergen aspectos legales, sociales y políticos que afectan directamente a una familia vulnerable pero también impactan en la percepción pública sobre el respeto a los derechos humanos fundamentales y el compromiso ético de quienes han ocupado altos cargos públicos. La evolución futura del caso será observada con atención tanto por sectores sociales interesados en justicia efectiva como por aquellos implicados en preservar principios democráticos e institucionales sólidos
