El sector de la construcción en el país enfrenta una crisis profunda que ha llevado a la paralización de aproximadamente el 40% de los proyectos y obras civiles, tanto en el ámbito público como privado. Esta situación se debe principalmente al significativo encarecimiento de los insumos necesarios para la construcción, cuyos precios han experimentado un aumento de hasta el 60% durante los primeros meses del año. Esta escalada en los costos no solo afecta la continuidad de las obras, sino que también pone en riesgo la estabilidad financiera de las empresas constructoras y amenaza con desencadenar un colapso generalizado del sector si no se toman medidas urgentes.
La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) ha manifestado su preocupación ante esta realidad y ha exigido al Gobierno nacional la aprobación inmediata de un Decreto Supremo que permita ajustar oficialmente los precios de los materiales de construcción. Este ajuste es considerado vital para garantizar que los proyectos en curso puedan continuar sin interrupciones y evitar una paralización total que impactaría negativamente en todos los departamentos del país. La ausencia de un mecanismo formal para actualizar los costos implica que las empresas se ven obligadas a cumplir contratos firmados bajo precios referenciales desactualizados, lo que resulta inviable ante el incremento sostenido de insumos.
El presidente de la Caboco, Raúl Adelio Solares Rivero, ha advertido sobre las graves consecuencias económicas que esta situación puede acarrear para las compañías constructoras, muchas de las cuales podrían enfrentar dificultades financieras irreversibles. La paralización masiva no solo afectaría a las empresas sino también a miles de trabajadores vinculados al sector, generando desempleo y afectando la economía local y nacional.
Sumándose a este panorama crítico, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) ha declarado al sector en estado de emergencia debido al encarecimiento significativo de al menos seis insumos esenciales para la construcción. Pascual Velázquez, presidente del SIB, destacó además que las instituciones públicas mantienen una deuda acumulada superior a 1.500 millones de bolivianos con las empresas constructoras, lo cual agrava aún más el contexto económico adverso. Esta morosidad estatal limita la liquidez y capacidad operativa del sector privado para continuar con sus actividades.
Para dimensionar el impacto económico, Velázquez mencionó datos provenientes del Índice de Costos de Construcción de Vivienda (ICC–CBDI), que reflejan un incremento acumulado cercano al 80% en el costo total para levantar viviendas unifamiliares y edificios residenciales. El índice señala valores superiores a 154 puntos tanto para viviendas como para edificios residenciales, cifras que evidencian una presión inflacionaria considerable sobre el costo final de construcción a nivel nacional.
Las repercusiones también se sienten a nivel departamental. En Tarija, por ejemplo, Dante Cueva, secretario ejecutivo de la Asociación de Constructores Civiles local, informó que las actividades del sector han disminuido hasta en un 80% durante el presente año debido a la falta tanto de proyectos públicos como privados. Esta reducción drástica no solo limita el desarrollo urbanístico e infraestructural regional sino que también tiene consecuencias sociales directas: muchos trabajadores han tenido que migrar hacia empleos informales dentro del sector gremial o buscar alternativas laborales fuera del ámbito formal. Esta migración laboral refleja un problema estructural que podría extenderse a otras regiones si no se logra estabilizar la situación económica del sector.
En suma, el encarecimiento sostenido e inesperado de los insumos para construcción está generando un efecto dominó con impactos profundos sobre la ejecución y finalización de obras civiles en todo el país. La demanda por parte del sector privado hacia el Gobierno nacional es clara: implementar mecanismos regulatorios flexibles y efectivos para ajustar precios y facilitar así la continuidad productiva. Sin una intervención oficial pronta y adecuada, se corre el riesgo no solo de detener importantes proyectos infraestructurales sino también afectar gravemente la economía regional y nacional vinculada al rubro constructivo y sus múltiples cadenas productivas asociadas
