La Cámara Departamental de la Construcción de Tarija ha manifestado nuevamente su creciente preocupación ante el sostenido aumento en los costos de materiales e insumos esenciales para el sector de la construcción. Esta situación ha generado un llamado urgente al Gobierno Nacional para que apruebe un decreto de reactivación económica que permita mitigar los efectos negativos en las obras públicas, advirtiendo que, de no tomarse medidas prontas, podría desencadenarse una paralización masiva en la ejecución de proyectos fundamentales para la región.
Rolando Surriable, presidente de esta institución, detalló que el sector constructor ha trabajado conjuntamente con distintas instancias gubernamentales para elaborar una propuesta técnica que busca reconocer de manera objetiva y transparente las variaciones extraordinarias en los costos actuales. Este planteamiento está orientado a establecer mecanismos claros para ajustar los contratos vigentes en función del incremento significativo en precios vinculados a carburantes, materiales de construcción, mano de obra, maquinaria y equipos. Tales incrementos han impactado directamente en el encarecimiento generalizado y acelerado de los costos asociados a la ejecución de las obras.
A pesar del avance alcanzado en la formulación técnica del proyecto, Surriable lamentó que el proceso se encuentre estancado debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aún no ha finalizado la revisión normativa necesaria para su aprobación. Esta demora impide la implementación inmediata del decreto solicitado y perpetúa un contexto adverso para las empresas constructoras que deben cumplir con plazos contractuales sin considerar el efecto negativo que tiene esta coyuntura económica sobre sus operaciones.
Según datos proporcionados por el sector, los costos relacionados con materiales e insumos han aumentado más del 60%, mientras que los gastos en mano de obra se han incrementado aproximadamente un 20%, y el uso y mantenimiento de maquinaria y equipos ha sufrido un alza cercana al 30%. Estas cifras reflejan un escenario económico complejo que afecta directamente la viabilidad financiera y operativa de las empresas dedicadas a la construcción pública.
Frente a esta realidad, Surriable explicó que las compañías se ven obligadas a recomendar a sus asociados evaluar la rescisión anticipada de contratos públicos debido a que continuar con los proyectos bajo estas condiciones implica asumir pérdidas significativas. Estas pérdidas no solo comprometen la rentabilidad sino que pueden derivar en situaciones críticas como la quiebra empresarial, afectando así no solo al sector sino también a miles de trabajadores y proveedores vinculados directa o indirectamente.
Desde Cadeco se enfatizó que una eventual paralización masiva de obras públicas no sería una decisión voluntaria del sector constructor sino una consecuencia inevitable del retraso gubernamental y la falta de respuestas oportunas ante una problemática ya advertida desde hace varios meses. La ausencia de medidas concretas para restablecer el equilibrio económico-financiero en los contratos representa un riesgo latente para la continuidad y finalización exitosa de proyectos clave para el desarrollo regional.
En este contexto, resulta fundamental comprender las implicaciones profundas que tiene esta situación para la población involucrada. Las obras públicas no solo generan empleo sino que también son instrumentos esenciales para mejorar infraestructuras vitales como carreteras, puentes, hospitales y escuelas. La paralización o retraso significativo puede impactar negativamente en el acceso a servicios básicos y ralentizar el crecimiento económico local.
Por tanto, el llamado realizado por la Cámara Departamental de la Construcción trasciende lo meramente sectorial e invita a una reflexión urgente sobre la necesidad imperiosa de implementar políticas públicas flexibles y efectivas. Estas deben garantizar condiciones justas para todas las partes involucradas, asegurar la estabilidad financiera de los contratos y preservar el ritmo adecuado en la ejecución de proyectos estratégicos cuya continuidad resulta indispensable para el bienestar colectivo. En definitiva, este escenario exige respuestas rápidas y coordinadas entre autoridades y actores privados para evitar consecuencias negativas mayores tanto para el sector como para toda la sociedad
