Un operativo policial de gran envergadura, coordinado por la Fiscalía y ejecutado en conjunto con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), culminó este martes con la captura de Roberto Adrián E., conocido bajo el alias de ‘Conde’, un ciudadano argentino que figura como uno de los delincuentes más buscados por las autoridades nacionales de su país, específicamente señalado como el sexto hombre más requerido por presuntos vínculos con el narcotráfico. La acción se desarrolló en el municipio fronterizo de Bermejo, donde se llevaron a cabo dos allanamientos simultáneos que permitieron no solo su detención sino también la incautación de diversos bienes materiales relacionados con actividades ilícitas.
El operativo se inscribe dentro de una estrategia más amplia impulsada por las autoridades judiciales y policiales para fortalecer la cooperación interinstitucional en la lucha contra las redes del tráfico ilegal de sustancias controladas. En este sentido, el Fiscal Departamental de Tarija, José Ernesto Mogro Palacios, destacó que estas intervenciones son fundamentales para avanzar en las investigaciones penales, pues aseguran la obtención y resguardo de elementos materiales claves que servirán como prueba para los procesos judiciales en curso. Este enfoque refleja una apuesta decidida por consolidar mecanismos efectivos que permitan desarticular estructuras criminales que operan en zonas fronterizas, donde el contrabando y el narcotráfico representan una amenaza constante para la seguridad regional.
El primer allanamiento tuvo lugar durante la mañana del 25 de febrero en una propiedad situada en Bermejo. En este sitio los agentes policiales lograron incautar dos vehículos, un monto en efectivo equivalente a 1.800 dólares estadounidenses, un teléfono celular y cuatro radios tipo walkie-talkie. Fue precisamente allí donde fue localizado Roberto Adrián E., quien cuenta con una notificación roja activa emitida por Interpol debido a un proceso judicial abierto en Argentina relacionado con narcotráfico. Tras su captura, los efectivos de la Felcn procedieron a su aprehensión con fines de extradición, dejando el caso bajo la supervisión del Ministerio Público para continuar con las diligencias legales pertinentes.
Paralelamente, se desarrolló un segundo allanamiento también en Bermejo durante esa misma jornada. En esta segunda intervención se logró el aseguramiento de un inmueble adicional, cuatro vehículos más, un dispositivo DVR —utilizado generalmente para grabaciones y monitoreo— además de diversa documentación y una cantidad significativa de dinero en efectivo que ascendió a 169.900 dólares. En este lugar fue identificado otro individuo vinculado al caso: José H.C.G., ciudadano boliviano que tiene vigente una solicitud de captura y cuya alerta roja aún está pendiente por parte de Interpol. La situación jurídica de esta persona permanece bajo investigación mientras se esclarecen sus posibles responsabilidades dentro del entramado criminal.
Las autoridades han informado que las investigaciones continúan activamente con el propósito de identificar todos los vínculos existentes entre los involucrados, determinar responsabilidades específicas y rastrear el origen legal o ilegal del patrimonio incautado durante los dos allanamientos. Este proceso es parte de un trabajo coordinado entre distintas instituciones nacionales e internacionales que priorizan la cooperación transfronteriza para enfrentar eficazmente al narcotráfico, especialmente en áreas estratégicas como la frontera sur del país donde convergen diversas rutas utilizadas para el traslado ilícito de drogas.
Este caso resalta la importancia del compromiso institucional ante fenómenos complejos como el tráfico ilegal de estupefacientes y pone en evidencia cómo las acciones conjuntas pueden resultar efectivas para capturar a individuos considerados altamente peligrosos por su implicación directa en redes internacionales delictivas. Para la población local y nacional representa un avance significativo hacia la reducción del impacto negativo que estas actividades generan sobre la seguridad ciudadana y el orden público. Además, evidencia cómo las herramientas legales como las notificaciones rojas y los procedimientos extradicionales son fundamentales para garantizar justicia más allá de las fronteras nacionales, contribuyendo a desmantelar estructuras criminales transnacionales que afectan a múltiples países
