En el corazón del valle central de Tarija, un importante grupo de campesinos y agricultores ha decidido alzar su voz ante lo que consideran una creciente indiferencia por parte del Estado y las autoridades locales respecto a sus necesidades y demandas. La movilización anunciada para el próximo 9 de marzo busca ser un llamado urgente a la atención gubernamental sobre la difícil situación que atraviesa el sector agrícola en esta región, fundamental para la producción alimentaria y económica del departamento.
Luis Alfaro Arias, reconocido productor de la zona sud del valle central y portavoz de la Sub Central de Lazareto, ha sido claro en expresar el descontento generalizado entre los campesinos. Según sus declaraciones, la falta de políticas efectivas que respalden a quienes trabajan la tierra está provocando una crisis que afecta no solo a los productores sino también a toda la población que depende de sus cultivos. Esta movilización, denominada como un “tractorazo”, incluirá una marcha masiva donde los tractores agrícolas serán protagonistas, simbolizando la fuerza productiva que representa este sector y su reclamo por condiciones más favorables.
El pliego petitorio que estos agricultores pretenden presentar al gobierno nacional y a las autoridades departamentales es un documento que busca poner sobre la mesa la necesidad de diseñar y ejecutar un plan productivo claro. En él se exige reactivar la economía local desde el campo, reconociendo que los campesinos son quienes generan alimentos y mantienen activa la cadena productiva en Tarija. Sin embargo, las dificultades son múltiples: pérdida gradual de terrenos productivos, caminos municipales en condiciones precarias que se mantienen solo con trabajo manual sin maquinaria adecuada, y rutas departamentales con asfaltos deteriorados dificultan aún más el acceso a mercados y servicios.
Un punto crítico señalado por Alfaro es el incremento significativo en los costos del combustible. La quita de subsidios ha encarecido el diésel hasta tres veces su precio anterior y ha duplicado el costo de la gasolina. Esta situación no solo afecta directamente a los agricultores sino que también genera un ahorro millonario para el Estado: cerca de 10 millones de dólares diarios desde que se eliminaron las subvenciones, acumulando aproximadamente 800 millones en poco menos de tres meses. Frente a esta realidad económica, los campesinos demandan transparencia sobre el destino de esos recursos y exigen conocer cuál es el verdadero plan productivo del gobierno para reactivar el campo.
La movilización no solo es una protesta sino también una oportunidad para dialogar con las autoridades. Luis Alfaro hizo un llamado directo a Rodrigo Paz y su equipo ministerial para que escuchen las propuestas concretas del sector agrícola, las cuales consideran esenciales para garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer el empresariado privado vinculado al campo. Asimismo, cuestionó al gobernador Oscar Montes sobre el futuro del programa Prosol, denunciando favoritismos en su distribución y falta de claridad en los beneficios hacia todos los productores por igual.
Más allá de las dificultades económicas y logísticas, existe una profunda preocupación social entre los campesinos. La ausencia o debilitamiento evidente de estructuras representativas como la Federación de Campesinos ha dejado al sector sin un liderazgo efectivo ni coordinación clara. Mientras algunos dirigentes están involucrados en campañas políticas o ausentes por otras razones, muchos productores sienten que han sido abandonados a su suerte. Esta desconexión ha contribuido también a que los mercados campesinos se vean afectados por prácticas corruptas o ineficiencias administrativas, obligando a muchos agricultores a vender sus productos directamente en calles o avenidas sin garantías ni condiciones adecuadas.
A pesar del contexto adverso y las dificultades cotidianas que enfrentan —desde infraestructura deficiente hasta altos costos operativos— los campesinos mantienen firme su compromiso con la producción alimentaria local. Su lucha está centrada en asegurar alimento suficiente para toda la población, independientemente del color político o intereses particulares. Esta movilización representa no solo un reclamo económico sino también un llamado ético para reconocer el valor vital del trabajo rural como base fundamental para el desarrollo sostenible del departamento.
El próximo 9 de marzo será entonces una fecha clave para observar cómo evoluciona esta protesta pacífica pero contundente, cuyo impacto podría ser determinante para generar cambios significativos en las políticas públicas dirigidas al campo tarijeño. La expectativa recae tanto en las respuestas oficiales como en la capacidad organizativa del sector campesino para articular sus demandas y construir soluciones duraderas frente a las adversidades actuales. En definitiva, esta movilización pone sobre la mesa un debate esencial sobre quiénes sostienen realmente la producción nacional y cómo deben ser apoyados para garantizar un futuro próspero para toda la sociedad
