El comercio ilegal de productos a través de las fronteras nacionales persiste, impactando directamente en el costo de la canasta básica familiar. A pesar de la reciente movilización de personal militar especializado para reforzar la vigilancia en áreas limítrofes, particularmente en la zona sur del país, el flujo de mercancías hacia naciones vecinas, como Argentina, no ha cesado por completo, y la preocupación por el encarecimiento de los alimentos básicos se mantiene.
A mediados de abril, se anunció la activación de nuevos operativos de control en puntos fronterizos clave con países como Perú, Chile y Argentina. Esta acción incluyó el despliegue de cuatrocientos efectivos militares con formación específica en técnicas de interdicción. Según declaraciones de una autoridad gubernamental encargada de combatir este ilícito, el contrabando constituye un perjuicio directo para la producción nacional y debilita la economía formal del país.
No obstante, la situación en localidades fronterizas como Yacuiba, colindante con Argentina, presenta una perspectiva diferente. Representantes cívicos de esta región han expresado dudas sobre la efectividad real del despliegue militar, sugiriendo que su presencia ha sido intermitente. Se reporta que los operativos intensivos en el principal cruce internacional tuvieron una duración limitada, tras lo cual la actividad de contrabando se reanudó.
La persistencia de este comercio ilegal se atribuye, en gran medida, a la marcada diferencia de precios entre ambos países. Se estima que adquirir productos en Bolivia puede ser hasta un cincuenta por ciento más económico que en Argentina, creando un fuerte incentivo económico tanto para compradores argentinos como para comerciantes bolivianos involucrados en el trasiego constante de mercancías. A esto se suma la complejidad geográfica de la zona. La frontera es vasta y, si bien existe un único punto de cruce legal principal, se calcula la existencia de cientos de pasos informales a lo largo de límites naturales como quebradas, lo que dificulta enormemente el control efectivo y permite evadir la vigilancia aduanera. Se ha observado la presencia de asentamientos y viviendas en las márgenes de estos pasos informales, lo que complica aún más la vigilancia.
En un análisis económico más amplio, expertos han identificado al contrabando, particularmente el que implica la salida de productos del país, como uno de los factores que contribuyen al incremento de la inflación. Junto a este fenómeno, se mencionan otras causas como la especulación, el acaparamiento, la escasez de divisas y su cotización en el mercado no oficial, que impacta en las importaciones y la producción, así como la falta de combustibles, eventos climáticos adversos y coyunturas sociopolíticas.
Datos recientes sobre el índice de precios al consumidor revelan una preocupación. La inflación registrada en marzo de 2025 alcanzó el 1,71%, marcando una aceleración tras una ligera desaceleración el mes previo. Este porcentaje representa la cifra más alta para un mes de marzo en las últimas cuatro décadas, superada únicamente por el registro de marzo de 1985. La magnitud de esta inflación mensual es notable, siendo superior a la inflación acumulada total de varios años recientes (2018 a 2021) y constituyendo aproximadamente la mitad de la inflación anual de 2022 y el ochenta por ciento de la de 2023. El promedio de inflación para el primer trimestre del año se sitúa en 1,64%, un ritmo que, por sí solo, supera los acumulados anuales de ejercicios completos como el de 2021.
En este contexto, la persistencia del contrabando de alimentos hacia países vecinos, impulsada por las disparidades de precios y facilitada por la extensa y porosa geografía fronteriza, se mantiene como un factor relevante que incide en el encarecimiento de los productos de primera necesidad y en la dinámica inflacionaria general del país
