La contienda electoral en la ciudad de Tarija ha tomado un matiz de tensión y debate en torno a las condiciones en que se desarrolla la campaña para la alcaldía. Luciana Campero, candidata por la Alianza Patria, ha manifestado su preocupación y malestar ante lo que considera una desventaja significativa frente al actual alcalde y aspirante a la reelección, Johnny Torres. Esta situación se inscribe en un marco legal y político donde la normativa vigente juega un papel crucial en cómo los candidatos pueden participar en los procesos electorales.
Campero, quien tiene 31 años y representa una opción política opositora, ha puesto el foco en el uso de recursos públicos durante la campaña electoral. Aunque reconoce que la Sentencia Constitucional 032/2019 establece que las autoridades electas no están obligadas a renunciar a sus cargos para postularse en elecciones subnacionales, ella sostiene que esto no debería ser una excusa para aprovechar recursos municipales con fines electorales. En este sentido, ha solicitado formalmente al Concejo Municipal que se otorgue licencia al alcalde Torres para evitar cualquier conflicto de interés o uso indebido de bienes públicos durante el proceso electoral.
La candidata ha señalado que su petición no implica exigir la renuncia definitiva del alcalde, sino más bien una suspensión temporal o licencia que permita garantizar una competencia electoral justa y equitativa. Este planteamiento cobra relevancia al considerar ejemplos recientes como el del concejal Mamen Saavedra, quien renunció a su cargo para postularse a alcalde en Santa Cruz, demostrando un compromiso con la transparencia y el respeto a las reglas del juego democrático.
En sus declaraciones, Campero también hizo alusión a la Sentencia Constitucional 039/2019, confirmando su vigencia pero señalando que fue manipulada durante el gobierno de Evo Morales. Esta reflexión añade un componente político e histórico al debate actual sobre la participación de autoridades en funciones durante procesos electorales. Para ella, aceptar esta sentencia sin cuestionamientos implicaría avalar prácticas del pasado que considera perjudiciales para el país, por lo cual aboga por no repetir esos errores y mantener altos estándares éticos en las candidaturas.
Por su parte, desde la Alcaldía de Tarija se ha respondido a estas inquietudes aclarando que Johnny Torres cumple con lo estipulado legalmente. Luis Barrios, jefe de despacho municipal, explicó que aunque no existe obligación formal para que el alcalde renuncie según la sentencia constitucional mencionada, Torres ha tomado medidas como solicitar vacaciones de media jornada debido a acumulación de días libres pendientes de gestiones anteriores. Esto implica que el mandatario local dedica las mañanas a actividades oficiales vinculadas con atención a barrios y organizaciones sociales, mientras dispone libremente de sus tardes.
Este escenario refleja un contexto complejo donde las normas jurídicas y las prácticas políticas se intersectan generando debates sobre equidad electoral y transparencia. La preocupación expresada por Luciana Campero pone sobre la mesa temas relevantes para toda la ciudadanía: cómo garantizar procesos electorales justos cuando existen candidatos en funciones públicas y cómo evitar el uso indebido de recursos estatales con fines partidarios. Además, evidencia las tensiones inherentes entre continuidad administrativa y renovación política dentro del sistema democrático local.
En definitiva, esta disputa entre los candidatos a la alcaldía tarijeña trasciende lo meramente electoral para convertirse en un llamado a reflexionar sobre los mecanismos institucionales necesarios para fortalecer la confianza pública en los comicios subnacionales. La atención puesta por los actores políticos y sociales sobre este asunto puede contribuir a mejorar las reglas del juego democrático y promover una competencia más transparente y equilibrada en futuras elecciones municipales
