Carlos Acosta, ex líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Tarija, ha comunicado la decisión de una significativa cantidad de militantes de desvincularse de la organización, argumentando que se ha producido un robo de la sigla del partido. Este anuncio se produce en un contexto de reconfiguración política, donde Acosta ha confirmado la firma de un acuerdo con el Frente Para la Victoria (FPV). Este pacto tiene como objetivo respaldar la candidatura de Evo Morales para las elecciones generales programadas para agosto de este año.
El ex dirigente enfatizó que esta alianza se establece con un frente legalmente reconocido a nivel nacional, y que Morales será el único candidato presidencial de su agrupación para los comicios de 2025 y 2030. Acosta mencionó que otros cargos, como la vicepresidencia, serán discutidos en un congreso que se llevará a cabo en Cochabamba.
En el marco de esta nueva estrategia, el ala leal a Morales ha anunciado una marcha masiva programada para el próximo lunes, que se dirigirá hacia el Tribunal Electoral Departamental (TED) para formalizar su desafiliación del MAS. A pesar de las posibles represalias de los seguidores de la facción arcista, Acosta se mostró confiado en que la movilización será efectiva y en que su grupo logrará el apoyo necesario para ganar las próximas elecciones.
Acosta también defendió la legalidad de la candidatura de Evo Morales, asegurando que cumple con todos los requisitos necesarios para postularse. Su equipo de juristas está trabajando para demostrar esta habilitación ante las autoridades electorales.
En contraste, Vicente Cuellar, un precandidato opositor, ha argumentado que existe una sentencia constitucional que prohíbe a cualquier ciudadano boliviano ejercer el poder de forma continua o discontinua. Cuellar instó a Morales a aceptar que no podrá ser candidato, independientemente de la creación de nuevos partidos políticos, y sugirió que la representación del MAS ya no es una alternativa viable para el electorado.
Por su parte, el abogado constitucionalista Esteban Ortuño ha comentado que la candidatura de Morales podría ser parte de una estrategia política destinada a generar controversia y revictimización. Ortuño anticipó que, aunque el Tribunal Supremo Electoral podría aceptar la inscripción de Morales como candidato, es probable que posteriormente lo inhabiliten, lo que desencadenaría un conflicto en el ámbito político
