Un proceso judicial de alto perfil se desarrolla en relación con supuestas irregularidades en una operación financiera de 327 millones de dólares tramitada en 2020 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender la emergencia sanitaria por Covid-19, gestionada a través del Banco Central de Bolivia (BCB). La defensa de los nueve individuos acusados en este caso ha expresado su rechazo a la legalidad del procedimiento, argumentando que el juicio se fundamenta en premisas erróneas y demandan evitar una condena injustificada.
La acusación formal, impulsada por el actual gobierno, sostiene que esta transacción, además de carecer de la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, resultó onerosa para el Estado boliviano debido a sus condiciones financieras. Se alega que generó costos económicos adicionales significativos y que impuso una serie de condicionamientos en materia fiscal, financiera, cambiaria y monetaria por parte del FMI. Según la parte acusadora, estos hechos contravienen los artículos 158 y 322 de la Constitución Política del Estado.
En contraposición, los argumentos presentados por la defensa de los implicados enfatizan que la operación en cuestión no constituyó un préstamo en el sentido jurídico ni técnico del término. Se describe como un Intercambio Financiero Rápido (IFR), que implicó la compra directa por parte del FMI, a solicitud de Bolivia, de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del país, sujeta a una obligación de recompra al final del plazo establecido. Bajo esta interpretación, la defensa sostiene que la aprobación de la Asamblea Legislativa no era un requisito para su ejecución.
Adicionalmente, la defensa ha planteado la existencia de un doble juzgamiento, ya que el incidente fue objeto de una investigación previa por parte de la Fiscalía General del Estado, que en su momento desestimó la denuncia inicial.
Entre las figuras que actualmente enfrentan el proceso judicial se encuentran el exministro de Economía, José Luis Parada; el expresidente del BCB, Guillermo Aponte, quien ha sido declarado rebelde; los exdirectores de la entidad emisora Armando Pinel, Walter Morales, Roger Alejandro Banegas Rivero y José Gabriel Espinoza; así como el exgerente de operaciones Walter Guzmán. También figuran el exviceministro Carlos Schlink y el exfuncionario Cristhian Morales. Cabe destacar que la expresidenta Jeanine Áñez fue inicialmente mencionada en la denuncia, pero posteriormente no fue imputada ni incluida en la acusación formal.
Desde la perspectiva de la oposición política, se ha señalado que la decisión del gobierno de devolver los fondos del FMI, incluyendo los intereses, respondió a motivaciones políticas, priorizando estas sobre la urgencia de atender la salud de la población boliviana en medio de una crisis sanitaria. Esta postura sugiere que tal determinación comprometió los recursos destinados a la atención de emergencias sanitarias
