Una extensa jornada legislativa en Tarija culminó con la aprobación en lo general de una propuesta de ley destinada a reestructurar la distribución del 45% de las regalías hidrocarburíferas. La sesión, que se prolongó por más de diez horas, logró este avance inicial, aunque la discusión sobre los detalles de la norma, particularmente en lo referente a la administración de los recursos por parte de subgobernaciones o municipios, impidió su aprobación completa antes de la medianoche.
Este paso fue recibido con optimismo por las provincias de Arce y O’Connor, que lo interpretan como un avance hacia la equidad territorial. Sin embargo, la reacción del Gran Chaco fue de abierta hostilidad, con anuncios de acciones legales y la advertencia de que podrían buscar la creación de un décimo departamento si su autonomía económica se ve comprometida.
Mientras el debate se desarrollaba con una notable carga de tensión política dentro del hemiciclo, el escenario exterior reflejaba la polarización. Organizaciones cívicas y sociales de Bermejo, Padcaya y Entre Ríos se congregaron frente a la Asamblea Legislativa Departamental para exigir la aprobación del proyecto. Su argumento central es que sus territorios son productores de gas, pero los beneficios de las regalías han sido acaparados históricamente por el Chaco. De forma simultánea, instituciones del Gran Chaco respondieron con bloqueos de carreteras en puntos estratégicos, como Acheral, en defensa de lo que consideran su derecho legal al 45% de las regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
La división no solo se manifestó en las calles, sino que permeó profundamente en la Asamblea. Los representantes de Arce y O’Connor lograron consolidar una mayoría, sumando el apoyo de asambleístas de Méndez y Avilés, lo que les permitió asegurar la aprobación en lo general. Por el contrario, los delegados del Chaco, a pesar de contar con el respaldo de algunos legisladores de pueblos indígenas, no consiguieron revertir la votación. El respaldo mayoritario parece fundamentarse en la propuesta de que, del 45% de las regalías, un 38% se destine a las provincias productoras (Bermejo, Padcaya y Entre Ríos), y el 7% restante se asigne a municipios no productores.
Desde el Gran Chaco, un asambleísta departamental calificó la normativa como inconstitucional, argumentando que contraviene la Ley 3038 y el Estatuto Autonómico Regional del Chaco, documentos que garantizan el 45% de los recursos derivados del 11% de las regalías petroleras para su región. Se anticiparon acciones legales para proteger estos derechos antes de cualquier promulgación ejecutiva.
A pesar de la aprobación en lo general, las marcadas diferencias dentro del cuerpo legislativo impidieron la ratificación detallada del proyecto. Un asambleísta por Cercado instó a la prudencia en la redistribución de fondos, advirtiendo sobre posibles repercusiones negativas en la gestión y operatividad del ejecutivo departamental, especialmente en el contexto de la actual situación económica.
En contraste, las organizaciones sociales que mantenían una vigilia celebraron la aprobación en lo general. El presidente de una federación vecinal de Bermejo enfatizó que la ley no busca despojar al Chaco, sino distribuir las regalías de acuerdo con la producción real de cada zona. Subrayó que, aunque Bermejo, Padcaya y Entre Ríos producen hidrocarburos, no reciben beneficios directos. Los promotores de la ley anunciaron que, una vez promulgada, acudirán al Ministerio de Economía para que el nivel central proceda con la redistribución de los recursos. Asimismo, solicitaron al gobernador que promulgue la ley dentro del plazo establecido de catorce días, sin ceder a presiones políticas. El gobernador, hasta el momento, ha optado por mantenerse al margen de la controversia, sin manifestar su postura sobre el pedido de las regiones productoras o la defensa del porcentaje asignado al Chaco.
El debate se estancó en la discusión del artículo cuarto, que aborda la crucial cuestión de cómo se administrarán los recursos redistribuidos. Una de las propuestas planteaba una división equitativa del 50% para los gobiernos municipales y el otro 50% para las subgobernaciones. Sin embargo, surgieron objeciones sobre la falta de autonomía plena de estas últimas, su dependencia de la Gobernación y la inminente posibilidad de su supresión, lo que podría complicar la gestión de los fondos. Pasadas las diez y media de la noche, la Asamblea declaró un breve receso, pero la sesión no se reanudó durante la hora siguiente.
Desde el Gobierno Regional del Chaco, su secretario de Gestión Institucional criticó enérgicamente la actuación de la Asamblea, señalando la omisión de procedimientos de consulta previa a la Región Autónoma antes de debatir una norma que impacta directamente su economía. Advirtió que el Chaco mantendrá su movilización y que el conflicto podría escalar, llegando a considerar seriamente la posibilidad de separarse de Tarija para buscar la formación de un décimo departamento y reclamar la totalidad de los recursos que consideran propios
