El plazo establecido para realizar una inspección en el área conocida como Domo Oso X-3, ubicada dentro de la Reserva de Tariquía, está próximo a vencer este jueves, sin que se vislumbre la realización efectiva de dicha evaluación, situación que ha generado preocupación entre los comunarios y activistas ambientales. Esta inspección había sido comprometida como parte de un proceso judicial ante la creciente tensión por los planes de perforación de un pozo exploratorio en la reserva, una iniciativa que ha despertado un fuerte rechazo por parte de las comunidades locales y grupos ecologistas.
El origen del conflicto se remonta a la intención de una petrolera por ingresar a esta área protegida para llevar a cabo actividades extractivas. La resistencia comunitaria se manifestó con fuerza, llevando al Defensor del Pueblo a interponer acciones legales con el objetivo de frenar el avance petrolero y preservar la integridad ambiental del lugar. En respuesta, el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, en la provincia O’Connor, acordó realizar una inspección técnica para evaluar las condiciones y determinar la legalidad del proyecto. Sin embargo, esta diligencia fue postergada tras una solicitud formulada por la Procuraduría General del Estado, lo que ha sido interpretado por los habitantes y defensores del medio ambiente como una táctica dilatoria.
Desde la Reserva de Tariquía se reporta que, durante este periodo en que se esperaba la inspección y bajo una supuesta pausa en las acciones petroleras, las actividades de la empresa no han cesado. Según el ambientalista José Humacata Alfaro, existen evidencias documentadas sobre ingresos continuos al territorio protegido. Además, señaló que esta incursión va acompañada de estrategias destinadas a fracturar la cohesión social dentro de las comunidades indígenas; se estaría ofreciendo empleo y otros beneficios a ciertos dirigentes y pobladores con el fin de debilitar su oposición al proyecto extractivo.
Este tipo de maniobras generan inquietud respecto al respeto por los derechos colectivos y al futuro ecológico del área. Humacata enfatizó que el ingreso a Domo Oso X-3 fue promovido inicialmente por el Movimiento al Socialismo (MAS) sin cumplir con las normativas legales pertinentes. A pesar del cambio de gobierno hacia la administración encabezada por Rodrigo Paz, estas prácticas irregulares continúan sin que se haya solicitado una auditoría exhaustiva para evaluar todo el proceso. En consecuencia, las comunidades están declarando estado de emergencia y mantienen una actitud vigilante ante los acontecimientos venideros.
El plazo para esta pausa ecológica concluye este jueves; tras ello, si no hay intervenciones judiciales contundentes, las petroleras podrían retomar sus operaciones dentro de la reserva con total libertad. La medida precautoria que actualmente limita estas actividades está condicionada a los resultados y dictámenes que emita el juez encargado del caso. La comunidad confía en que se haga justicia y prevalezca un criterio coherente que tome en cuenta no solo aspectos legales sino también ambientales y sociales. La Reserva de Tariquía es reconocida como una zona crucial para la recarga hídrica regional; su afectación podría desencadenar daños irreversibles para el ecosistema local y para las generaciones futuras.
Sin embargo, preocupa la aparente demora judicial en resolver este asunto clave. Según señalamientos realizados por Humacata, existe una percepción creciente sobre posibles parcializaciones dentro del proceso legal debido a presiones externas. El Procurador Hugo León Lafaye habría solicitado suspender este procedimiento judicial, lo cual facilitaría el ingreso sin obstáculos para las petroleras. Este escenario genera cuestionamientos sobre la independencia institucional frente a intereses económicos vinculados al sector extractivo.
A nivel político local también se han registrado críticas hacia actores encargados tradicionalmente de representar los intereses de Tarija en instancias nacionales. La brigada parlamentaria tarijeña anunció públicamente su compromiso con la defensa integral de la Reserva de Tariquía; sin embargo, hasta ahora sus acciones concretas han sido limitadas o inexistentes salvo excepciones aisladas entre algunos legisladores individuales. El presidente actual del grupo parlamentario regional, Gabriel Corvera, quien inicialmente manifestó un posicionamiento firme contra el ingreso petrolero en Tariquía, no ha logrado consolidar esa línea dentro del bloque ni traducirla en medidas efectivas para proteger este espacio natural.
En suma, la situación alrededor del Domo Oso X-3 representa un punto crítico donde convergen intereses económicos vinculados a la explotación hidrocarburífera con demandas legítimas por parte de comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas que buscan preservar un patrimonio natural vital para el equilibrio ecológico regional. El desenlace judicial e institucional durante los próximos días será determinante para definir si prevalece una lógica extractivista o si finalmente se prioriza la conservación y respeto hacia los derechos territoriales y ambientales en esta zona protegida emblemática como es Tariquía
