En medio de un contexto de tensión y división dentro del sector del transporte sindicalizado, ocho federaciones de choferes alcanzaron un avance significativo al establecer un acuerdo parcial con el Gobierno para iniciar el proceso de resarcimiento económico derivado por la afectación causada por la distribución de gasolina desestabilizada desde principios de marzo. Este acuerdo surge tras una jornada marcada por la ruptura del diálogo a nivel nacional, evidenciando las diferencias internas y la complejidad que enfrenta el sector para encontrar soluciones conjuntas.
La Confederación de Choferes de Bolivia, una organización representativa importante dentro del sector, decidió abandonar la reunión convocada para tratar el tema del daño ocasionado por la mala calidad del combustible. Esta decisión estuvo motivada por denuncias de politización en el encuentro y la ausencia de autoridades clave, como el ministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli. La presencia del vicepresidente Edmand Lara fue cuestionada, ya que los dirigentes esperaban que la reunión se centrara exclusivamente en las necesidades técnicas y económicas del transporte afectado, sin intervenciones políticas que pudieran entorpecer las negociaciones.
Por su parte, ocho federaciones regionales optaron por continuar con el diálogo y lograron reunirse con las principales autoridades gubernamentales involucradas en el tema, entre ellas el ministro Medinaceli y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly. En este encuentro se acordó que el proceso formal para resarcir los daños ocasionados comenzará a partir del lunes 2 de marzo, fecha desde la cual se reconocerán y compensarán los perjuicios sufridos por los vehículos afectados debido a la gasolina adulterada.
Una parte fundamental del acuerdo se refiere a los requisitos para acceder al resarcimiento. Se estableció que no será necesario presentar facturas tradicionales por las reparaciones realizadas; en su lugar, bastarán recibos expedidos por mecánicos junto con una declaración jurada que certifique los daños ocasionados. En cuanto a los repuestos utilizados en las reparaciones, se gestionará un respaldo mediante las comercializadoras correspondientes para facilitar este proceso. Este mecanismo busca simplificar y agilizar el acceso a compensaciones económicas sin generar mayores trabas burocráticas para los conductores.
Además, se definió que no se activará el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) como medio para cubrir estos daños. Los dirigentes señalaron que esta situación no corresponde a un accidente tradicional sino a un resarcimiento por daños causados específicamente por la mala calidad del combustible suministrado. Esto implica una diferenciación importante en términos legales y administrativos sobre cómo debe abordarse esta contingencia desde el punto de vista asegurador y financiero.
Para garantizar un manejo transparente y ordenado del proceso, YPFB presentó una herramienta tecnológica denominada Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC). Esta plataforma digital tiene como propósito registrar, validar y evaluar cada caso presentado por los afectados debido a la gasolina desestabilizada. El sistema permitirá verificar cada solicitud utilizando registros oficiales como B-SISA (Base de Datos de Servicios e Inspecciones Automotores), RUAT (Registro Único para la Administración Tributaria), SEGIP (Servicio General de Identificación Personal) y SOAT, con lo cual se podrá confirmar tanto la titularidad legal del vehículo como la carga específica de combustible durante el periodo crítico.
El establecimiento del SREC representa un paso importante hacia la transparencia administrativa y reduce riesgos potenciales de fraudes o solicitudes indebidas, al garantizar que solo quienes realmente resultaron perjudicados sean beneficiarios del resarcimiento. Asimismo, esta plataforma permitirá llevar un control riguroso sobre el avance del proceso y facilitará la comunicación entre las federaciones involucradas y las autoridades responsables.
Finalmente, desde las federaciones se anunció que se realizará una evaluación detallada sobre la magnitud de los daños sufridos por los vehículos afectados, clasificándolos en tres niveles: leve, medio y grave. Esta categorización servirá como base para determinar los montos específicos que serán desembolsados durante el proceso compensatorio. Se estableció también un plazo máximo de 30 días para efectuar estos pagos económicos a fin de ofrecer una respuesta rápida y efectiva a los choferes perjudicados.
En síntesis, aunque persisten tensiones internas dentro del sector sindicalizado debido a diferencias en cuanto al manejo político e institucional del conflicto generado por la gasolina adulterada, existe un avance concreto hacia una solución parcial mediante acuerdos entre algunas federaciones y autoridades gubernamentales. El compromiso asumido apunta a reparar económicamente a quienes sufrieron daños en sus vehículos producto de esta crisis energética particular. La implementación tecnológica mediante el SREC busca aportar orden y transparencia al procedimiento mientras se establecen criterios claros para evaluar cada caso individualmente. Esta situación refleja tanto las dificultades como las posibilidades existentes para superar conflictos complejos relacionados con servicios públicos esenciales como el combustible en Bolivia
