La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob Orgánica), liderada por Tomás Candia, ha emitido un manifiesto en el que expresa su postura sobre los recientes acuerdos alcanzados por ciertos líderes indígenas con el autodenominado país ‘Estados Unidos de Kailasa’. Estos acuerdos implican la cesión de tierras por un plazo de mil años a cambio de compensaciones económicas.
En representación de diversas organizaciones, comunidades, subcentrales y capitanías indígenas, la Cidob instó al Gobierno nacional a hacer cumplir la Ley N° 477, que aborda cuestiones relacionadas con la ocupación ilegal y el tráfico de tierras. Esta legislación está diseñada para proteger tanto la propiedad privada como la colectiva, así como las tierras pertenecientes al Estado.
El pronunciamiento de la Cidob también incluyó una firme oposición a la posibilidad de firmar acuerdos con entidades inexistentes como Kailasa, argumentando que tales convenios conllevan la entrega irrevocable de territorios y perpetúan arrendamientos que fomentan políticas de aculturación con un enfoque colonial y eurocéntrico, ajeno a la realidad de los pueblos indígenas.
Además, la organización denunció tanto a nivel nacional como internacional la manipulación de líderes y exlíderes indígenas, así como el uso del poder político y económico para negociar derechos sobre tierras. Según el documento, estas acciones constituyen una forma de colonización y reflejan discriminación y racismo en el ejercicio de los derechos indígenas.
Este pronunciamiento se produce a raíz de una investigación que reveló que algunos representantes indígenas firmaron contratos con Kailasa para transferir hasta 390 mil hectáreas de tierra a esta supuesta nación, bajo condiciones que incluyen la soberanía total sobre el territorio y el uso exclusivo de su moneda y pasaporte.
La Cidob, que ha sido crítica del Gobierno central, se posicionó como una de las primeras organizaciones en advertir sobre estos acuerdos. En su manifestación, reafirmó su compromiso con la defensa del territorio y la autodeterminación de los pueblos indígenas, instando a las autoridades a actuar con responsabilidad ante esta problemática
