En el barrio Fátima, la operación de un establecimiento cinematográfico ha generado un prolongado conflicto con la comunidad residente, centrado en la observancia de la normativa ambiental y la mitigación de la contaminación acústica. Los habitantes del sector, representados legalmente, han señalado que el local carecía de la debida licencia ambiental para su funcionamiento.
Se ha indicado que, en lugar de una licencia ambiental completa, el cine obtuvo en 2022 un certificado de exención de Manifiesto Ambiental. Sin embargo, este documento se considera actualmente inválido. La argumentación legal sostiene que el negocio, por su naturaleza, debió haber tramitado un Manifiesto Ambiental conforme a lo estipulado por la legislación vigente, y no una exención. Desde 2022, la falta de una adhesión rigurosa a las disposiciones ambientales en vigor ha sido un factor clave que ha precipitado las preocupaciones actuales de los vecinos. Un Manifiesto Ambiental no es solo un requisito legal, sino un instrumento que impone el cumplimiento de normas específicas para salvaguardar el entorno, incluyendo a las personas que lo habitan.
La problemática se remonta a 2021, cuando una familia cuya propiedad colinda con el cine presentó una queja formal. Su objetivo era que el establecimiento ajustara sus operaciones para evitar perturbar a los residentes, especialmente a los niños. No obstante, esta solicitud inicial no obtuvo respuesta. La documentación revisada por los representantes legales de la comunidad revela que, a lo largo de los últimos tres años, las autoridades municipales realizaron inspecciones y emitieron recomendaciones específicas para el cine. Entre estas medidas se incluían la instalación de fibra acústica especializada, el sellado de los ambientes y la colocación de un sistema de ventilación. Sin embargo, estas sugerencias no fueron implementadas, pese al tiempo transcurrido.
El principal inconveniente denunciado es que el nivel de sonido del cine provoca vibraciones en las edificaciones adyacentes, lo que interfiere directamente con el descanso nocturno de los residentes. Una inspección más reciente, llevada a cabo en julio del presente año, confirmó que el ruido se filtraba hasta los dormitorios de los menores en la propiedad contigua, generando las perturbaciones que se habían reportado.
Los residentes han expresado que el establecimiento no ha mostrado disposición para mejorar sus condiciones operativas y así evitar perjuicios a las viviendas cercanas. La comunidad descubrió recientemente que el cine operaba sin la licencia ambiental requerida, a pesar de lo cual continuó sus actividades.
Los representantes de los vecinos han desestimado cualquier insinuación de que exista una conspiración para impedir el funcionamiento del cine. La verdadera preocupación radica en el incumplimiento de la normativa, lo cual está repercutiendo en la salud pública, particularmente en la de los menores, situación respaldada por certificaciones médicas. En este contexto, la comunidad considera inaceptable que se espere que los padres de familia permanezcan pasivos ante una situación que compromete la salud pública, especialmente cuando existían compromisos previos por parte del establecimiento para mitigar estos problemas
