La controversia en torno al proceso de inhabilitación del ex prefecto de Tarija, Mario Cossío, ha cobrado un nuevo giro tras la denuncia de una ciudadana que ha afirmado haber sido objeto de amenazas y persecución después de presentar una recusación contra Gustavo Ávila, el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE).
La denunciante, identificada como C.S.C., formuló su recusación el 13 de febrero en el contexto del análisis sobre la situación electoral de Cossío. Sin embargo, tras esta acción, ha declarado que comenzó a recibir hostigamiento y presiones por parte de dirigentes del partido Camino Democrático al Cambio (CDC), vinculado al ex prefecto.
En un intento por validar su denuncia y contrarrestar las versiones que cuestionaban su identidad y autenticidad, C.S.C. presentó una declaración jurada ante un Notario de Fe Pública. Este documento no solo reafirma la legitimidad de su denuncia, sino que también desmiente los intentos de los dirigentes del CDC por desacreditarla. En su declaración, la ciudadana asegura que desde que presentó la recusación ha sido víctima de una persecución constante, incluyendo amenazas dirigidas incluso a su familia.
El hostigamiento, según relata C.S.C., se ha manifestado tanto en redes sociales como en declaraciones públicas emitidas por miembros del CDC en diversos medios de comunicación. En su declaración notariada, advierte sobre la gravedad de la situación y enfatiza que las versiones que han buscado descalificar su acción legal son completamente falsas.
C.S.C. sostiene con firmeza que los documentos presentados ante el TSE son legítimos y que las acusaciones en su contra son parte de una estrategia para desvirtuar su denuncia y proteger a quienes están involucrados en el proceso electoral relacionado con Mario Cossío. Este episodio resalta no solo las tensiones políticas en torno al caso, sino también los riesgos que enfrentan aquellos que se atreven a cuestionar a figuras prominentes dentro del panorama político boliviano.
