La detención del expresidente Luis Arce generó un fuerte impacto en el ámbito político nacional, donde tanto legisladores como exfuncionarios manifestaron su apoyo a la Fiscalía y a los fiscales encargados del caso. Sin embargo, diversas voces consideran que esta acción no es suficiente y demandan que las investigaciones se extiendan hacia el expresidente Evo Morales, señalado como el principal implicado en el desfalco millonario del Fondo Indígena. Además, solicitan que se procese a exministros como Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y Nemesia Achacollo, así como a dirigentes de organizaciones sociales que habrían recibido recursos públicos de manera irregular.
La captura de Arce se produjo durante un operativo sorpresivo realizado por la Policía en Sopocachi, La Paz, lo que desató una ola de reacciones favorables en todo el país, destacando el respaldo a las instituciones judiciales y policiales.
Desde Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho recordó el caso de Marco Antonio Aramayo, exadministrador del Fondo Indígena, quien enfrentó más de 250 procesos penales y falleció en prisión tras sufrir un prolongado proceso judicial. Camacho afirmó que este hecho refleja que la corrupción vinculada al Movimiento al Socialismo (MAS) no quedará impune. Señaló que se manejaron más de 100 millones de dólares que fueron desviados a cuentas personales de dirigentes del MAS, mientras que los proyectos financiados nunca se ejecutaron, y lamentó que Aramayo haya sido víctima de un “tortura judicial” que terminó con su muerte.
Por su parte, Rafael Quispe, exdirector del Fondo Indígena, indicó que con la detención de Arce se ha capturado al primer “pez gordo”, pero que aún quedan pendientes figuras como Juan Ramón Quintana y Carlos Romero. Quispe recordó que Arce, en su rol de ministro, autorizó transferencias millonarias a cuentas particulares de exdirigentes masistas, mencionando casos específicos como Juanita Ancieta y Melva Hurtado. Denunció que más de mil millones de bolivianos fueron desviados, perjudicando a las comunidades más vulnerables.
La diputada Estibaliz Bravo también reconoció el trabajo de la Fiscalía y pidió que las investigaciones alcancen a Evo Morales y a todos los beneficiarios de los fondos públicos desviados del Fondo Indígena. En la misma línea, el asambleísta José Manuel Ormachea enfatizó que Morales es el principal sospechoso y que se debe investigar a los movimientos sociales y personas que habrían enriquecido con recursos estatales.
Respecto a la competencia judicial, se aclaró que la aprehensión de Arce procede porque su implicación corresponde al período en que fue ministro de Economía, no como presidente del Estado, por lo que no está sujeto a juicio de responsabilidades. Ormachea destacó que la Fiscalía actuó correctamente al solicitar su detención por su participación en la transferencia irregular de fondos.
El diputado Manolo Rojas respaldó la detención, señalando que se cumplieron los requisitos legales: indicios de autoría, riesgo de fuga y posible obstrucción a la investigación. Además, pidió que se mantenga el apoyo político a la Fiscalía para evitar interferencias, recordando que en casos anteriores hubo presiones que afectaron el desarrollo de los procesos judiciales.
Finalmente, la Fiscalía Departamental de La Paz confirmó que Arce está siendo investigado por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en su calidad de exministro de Economía y miembro del directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc). Mientras tanto, la exministra María Nela Prada defendió la inocencia del expresidente, aunque el proceso judicial continúa en marcha
