La reciente captura del ciudadano uruguayo Sebastián Marset ha generado un notable impacto en el ámbito político y de seguridad del país, especialmente en la región de Santa Cruz. Este hecho fue recibido con satisfacción por parte del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, quien destacó la importancia de esta acción para el Gobierno encabezado por Rodrigo Paz. Sin embargo, más allá del reconocimiento al operativo que permitió la detención del narcotraficante, Cochamanidis enfatizó la necesidad de profundizar en las investigaciones para esclarecer las responsabilidades que facilitaron la prolongada estadía de Marset en territorio nacional.
El líder cívico subrayó que la captura no solo representa un logro significativo para las autoridades actuales, sino que también pone en evidencia una serie de complicidades dentro de instituciones clave como la Policía y el Ministerio Público. Según mencionó, el propio Marset habría revelado detalles sobre la colaboración o negligencia por parte de policías y fiscales que permitieron su permanencia. Más aún, Cochamanidis señaló directamente a exautoridades vinculadas con el anterior gobierno, incluyendo al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo y al exviceministro Jhonny Aguilera, quienes presuntamente tuvieron algún grado de responsabilidad en este entramado. Esta acusación implica un llamado a una investigación exhaustiva que no solo se limite a las figuras menores sino que abarque a quienes ocuparon altos cargos durante los años en los que Marset operaba con relativa impunidad.
Este contexto es especialmente relevante dado que la captura se produce tras una serie de reuniones internacionales promovidas por Rodrigo Paz en materia de seguridad regional y lucha contra el narcotráfico. Entre estas iniciativas destaca su participación en el denominado ‘Escudo de las Américas’, una cumbre internacional que contó con la presencia del entonces presidente estadounidense Donald Trump y tuvo como objetivo fortalecer la cooperación entre países para combatir el tráfico ilícito de drogas. La relación entre estos encuentros diplomáticos y el éxito operativo refleja un esfuerzo coordinado para erradicar redes criminales que han encontrado refugio o facilidades dentro del país.
Por otra parte, Cochamanidis hizo referencia a otras acciones pendientes que la Policía debe llevar adelante, específicamente mencionando la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, cuya vigencia está próxima a cumplir dos años sin que hasta ahora se haya ejecutado plenamente. Esta observación pretende evidenciar lo que él considera una falta de imparcialidad o efectividad en los procesos judiciales relacionados con figuras políticas prominentes vinculadas al pasado reciente.
Además, el líder cívico extendió sus críticas hacia miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), destacando a figuras políticas como Romero y Quintana, así como a otros ministros que según su perspectiva contribuyeron durante dos décadas a la debilitación institucional y social del país. Este señalamiento no solo tiene un tinte político sino también busca poner sobre la mesa las consecuencias profundas que una gestión prolongada puede tener sobre las estructuras estatales y su capacidad para enfrentar desafíos como el narcotráfico.
En suma, la detención de Sebastián Marset representa un punto clave en la lucha contra el crimen organizado dentro del país, pero también abre interrogantes sobre las fallas internas y posibles complicidades dentro de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y justicia. La demanda por investigaciones transparentes y exhaustivas resuena con fuerza en sectores sociales preocupados por los efectos corrosivos del narcotráfico y la corrupción política. Asimismo, este episodio pone en evidencia cómo los esfuerzos internacionales pueden influir positivamente en resultados concretos cuando existen compromisos claros desde los niveles más altos del Gobierno. No obstante, persiste un sentimiento generalizado respecto a la necesidad urgente de reformar mecanismos internos para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse bajo cualquier administración futura
