A la antigua magistrada del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Claudia Castro, se le ha concedido la medida de detención domiciliaria. Esta resolución, vinculada al caso conocido como consorcio, implica que la exfuncionaria judicial deberá permanecer en su residencia bajo vigilancia policial y sin autorización para salidas laborales.
La determinación fue adoptada el pasado 26 de septiembre, durante una audiencia de cesación a la detención preventiva. La justificación primordial para este cambio en su situación jurídica fue su delicado estado de salud. Adicionalmente, se establecieron una serie de restricciones: la obligación de registrar su huella biométrica cada dos días en la Fiscalía, la prohibición de abandonar el país mediante arraigo, y el pago de una fianza de 50.000 bolivianos. También se le impide acercarse al lugar objeto de investigación y mantener comunicación con los demás implicados en el proceso.
El caso consorcio, cuya investigación se inició en junio, busca esclarecer una presunta trama de injerencia judicial. Esta supuesta manipulación habría tenido como fin destituir a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, para facilitar que su suplente, Iván Campero, asumiera el cargo. Desde el inicio de la investigación, Castro había estado sujeta a una orden de detención preventiva por un periodo de cuatro meses en el penal de Obrajes de La Paz. Sin embargo, debido a complicaciones de salud, fue trasladada a un centro hospitalario antes de que su defensa informara sobre su retorno al recinto penitenciario previo a la reciente decisión judicial
