Un proyecto de decreto supremo, cuya filtración en grupos internos de WhatsApp de empleados de YPFB y ENDE generó preocupación entre los sindicatos, contempla trasladar a los trabajadores del régimen establecido por la Ley General del Trabajo hacia la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público. Esta propuesta implicaría la eliminación de ciertos beneficios sociales, la limitación del derecho a la sindicalización y un debilitamiento de las estructuras gremiales en los sectores energético y petrolero.
El planteamiento busca “institucionalizar” a YPFB y ENDE bajo principios de transparencia, eficiencia y meritocracia, lo que conllevaría la supresión de sindicatos internos y la obligatoriedad de que el personal pase al régimen de servidor público.
En respuesta, la Central Obrera Boliviana convocó a un ampliado nacional de emergencia para analizar la situación, programado para realizarse próximamente en la sede de la Federación de Trabajadores Mineros en La Paz. La organización ya expresó su rechazo a la iniciativa, calificándola como una amenaza a la estabilidad laboral en el sector estatal.
Por su parte, la Confederación Sindical de Trabajadores de Luz, Telecomunicaciones, Aguas y Gas emitió un pronunciamiento donde rechaza enfáticamente el proyecto de decreto, señalando que representa un riesgo para la estabilidad de los trabajadores. Esta organización sindical instó a preparar todas las acciones necesarias para impedir la implementación de la medida, enfatizando que el personal operativo no es responsable de las dificultades administrativas o financieras que enfrentan las empresas públicas.
Asimismo, el sindicato de Trabajadores de ENDE en Cochabamba manifestó su oposición al posible cambio de régimen laboral, argumentando que sería ilegal y afectaría los derechos adquiridos. Los dirigentes sindicales alertaron que esta medida podría ser el primer paso hacia un proceso de privatización, lo cual podría derivar en un aumento de tarifas para la población. También demandaron mayor transparencia en la gestión financiera de ENDE, empresa que, según destacaron, ha mantenido una administración eficiente y transparente en los últimos años.
Los sindicatos vinculados al sector petrolero también expresaron su rechazo y confirmaron su participación en el ampliado convocado por la Central Obrera Boliviana. Estas organizaciones coinciden en que el proyecto de decreto podría sentar un precedente para aplicarse en otras empresas públicas, por lo que hacen un llamado a la unidad nacional para proteger la estabilidad laboral, los derechos adquiridos y los servicios públicos estratégicos.
En este contexto, el ministro de Trabajo señaló recientemente que la Ley General del Trabajo es obsoleta y no se ajusta a las condiciones actuales, por lo que ha encargado una revisión legal para proponer las modificaciones necesarias. Esta declaración se enmarca en el proceso de análisis normativo que podría derivar en cambios como los planteados en el proyecto filtrado
