La Central Obrera Boliviana (COB), la principal organización sindical del país, ha declarado un estado de emergencia ante una serie de preocupaciones que afectan a los trabajadores y a la sociedad en general. Este pronunciamiento se dio a conocer públicamente y refleja una postura firme frente a diversas iniciativas legislativas y situaciones que, según la COB, ponen en riesgo derechos fundamentales y la estabilidad social.
Entre los temas que motivaron esta medida destaca el rechazo rotundo al proyecto de ley antibloqueos, el cual ha sido considerado por la organización como un intento de criminalizar el derecho constitucional a la protesta y a la huelga. La COB advierte que esta propuesta legislativa podría limitar las manifestaciones sociales, elemento clave en la historia sindical y política del país. La exigencia es clara: que la Asamblea Legislativa archive de inmediato este proyecto para evitar mayores conflictos sociales.
Otro punto central del pronunciamiento es la oposición a las modificaciones propuestas en la Ley General del Trabajo, así como a los cambios en la Ley 157 relacionados con el acceso y tenencia de tierras. La organización sindical ve en estas reformas un intento de despojo que afectaría directamente a grupos vulnerables y trabajadores rurales. En ese sentido, se han declarado en alerta máxima y anuncian que podrían adoptar medidas de presión escalonadas si se avanza con estos cambios legislativos, lo cual implica un posible aumento en las movilizaciones o paros laborales.
Además, el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, expresó su preocupación respecto al Decreto Supremo 5552, una normativa que reestructura funciones dentro de la Vicepresidencia. Argollo sostiene que este decreto vulnera principios constitucionales al no respetar las autonomías establecidas para los poderes del Estado. Esta crítica pone sobre la mesa un debate sobre los límites institucionales y el equilibrio entre poderes en el país.
En materia judicial y anticorrupción, la COB también instó al Ministerio Público a actuar con transparencia e imparcialidad en torno al caso conocido como “las narcomaletas”, donde 32 maletas ingresaron irregularmente desde Estados Unidos por el aeropuerto internacional Viru Viru. Esta situación ha generado gran controversia debido a las sospechas sobre tráfico ilícito y narcotráfico. La organización sindical cuestiona que hasta ahora no se haya identificado a los destinatarios finales de este cargamento ni se hayan esclarecido todos los hechos relacionados con este escándalo.
Finalmente, dentro del contexto económico y social, se mencionó el proceso de resarcimiento para los transportistas afectados por daños causados debido a la distribución de gasolina “desestabilizada”. Este problema ha generado perjuicios materiales significativos para quienes utilizan vehículos motorizados como fuente principal de trabajo o transporte. La COB exige respuestas concretas para garantizar compensaciones justas y evitar que estas situaciones afecten aún más las condiciones laborales y económicas del sector.
En conjunto, este estado de emergencia declarado por la Central Obrera Boliviana refleja un momento crítico donde diversas áreas —legislativa, judicial e institucional— están siendo cuestionadas por una organización clave en el tejido social boliviano. Las demandas expresadas buscan preservar derechos conquistados históricamente y asegurar un manejo transparente y justo frente a problemáticas actuales que impactan directamente en la población trabajadora y en sectores vulnerables del país. El pronunciamiento anticipa posibles movilizaciones o acciones contundentes si no se atienden estas preocupaciones con prontitud y respeto hacia los derechos ciudadanos
