Los líderes de la Central Obrera Boliviana (COB) confirmaron la permanencia del estado de emergencia debido a lo que califican como un incumplimiento por parte del Gobierno nacional respecto al acuerdo firmado recientemente en El Alto. Este pacto contemplaba la abrogación del Decreto 5503 y la conformación de una comisión conjunta para elaborar un nuevo decreto que mantuviera la eliminación de la subvención a los carburantes, junto con otros cuatro puntos clave.
Por su parte, los ministros que participaron en las negociaciones con la COB y otros sectores productivos continuaron con las mesas de diálogo, donde escuchan las demandas, presentan propuestas y exponen las posturas gubernamentales. En esta ocasión, se llevaron a cabo reuniones en la ciudad de Cochabamba, reafirmando el compromiso del Ejecutivo de cumplir con los acuerdos y seguir negociando.
Tras más de dos semanas de protestas, se anunciaron señales que apuntaban al fin de los bloqueos y manifestaciones, producto del acuerdo alcanzado entre los dirigentes obreros y el Gobierno. Sin embargo, el descontento persistió en algunos sectores.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, indicó que el Decreto 5503 fue prácticamente abrogado y reemplazado por el Decreto 5516, que consta de 33 artículos y confirma cinco medidas, entre ellas la eliminación de la subvención a los carburantes. No obstante, en la sede de los trabajadores mineros, la dirigencia de la COB evaluó el acuerdo en una reunión a puertas cerradas y posteriormente expresó su insatisfacción por supuestos incumplimientos.
Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, manifestó que el Gobierno no cumplió con la creación de la comisión acordada para analizar detalladamente los artículos relacionados con las modificaciones al decreto. Según el acuerdo firmado en El Alto, el Ejecutivo debía establecer un equipo de trabajo conjunto con los sectores movilizados para elaborar un nuevo decreto que mantuviera exclusivamente los artículos referidos a la subvención de combustibles, la reprogramación de créditos financieros, la mejora de bonos sociales y la regulación salarial.
Además, el pacto establecía que el Gobierno debía promulgar el decreto consensuado en un plazo máximo de 48 horas y que las medidas de presión debían levantarse de forma inmediata, aunque el estado de emergencia se mantendría hasta la publicación oficial del nuevo decreto.
Argollo y otros representantes sociales señalaron que durante toda la jornada no recibieron convocatoria alguna para iniciar el trabajo conjunto acordado, y que se enteraron únicamente por información oficial que el Gabinete presidencial ya habría elaborado y aprobado el Decreto 5516, aunque hasta el cierre de esta edición no se había publicado en la Gaceta Oficial. El último decreto publicado es el 5515.
El dirigente también destacó que la dirigencia enfrentó críticas de sus bases por la confianza depositada en el Gobierno al firmar el acuerdo y suspender las movilizaciones. En caso de que el Decreto 5516 sea publicado sin el consenso requerido, la COB convocará a un ampliado para definir nuevas acciones de protesta.
Por su parte, el Ejecutivo reafirmó que el Decreto 5503 cumplió con sus objetivos en términos de conquistas económicas y sociales, y que no se revertirán las medidas relacionadas con la eliminación de la subvención a los carburantes, consideradas un pilar fundamental para el cambio del modelo económico impulsado por el Gobierno.
El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, aseguró que el Ejecutivo mantiene su compromiso con la dirigencia de la COB y trabaja en la elaboración de un nuevo decreto que será aprobado y publicado conforme a lo establecido.
En la continuidad de las mesas de diálogo, los ministros se reunieron con diversos sectores productivos en Cochabamba, incluyendo la Cámara Nacional de Transporte, cooperativas de transporte, importadores y gremiales, quienes expusieron sus demandas y ajustes necesarios tras la eliminación de la subvención a los carburantes.
El presidente del país destacó que la eliminación de la subvención genera un ahorro diario de 10 millones de dólares para el Estado, mientras que los bloqueos ocasionaron pérdidas diarias de 20 millones de dólares en obras, empleos y producción. Reafirmó que la eliminación de la subvención es una conquista económica que no será revertida
