Cochabamba se enfrenta a una dolorosa realidad marcada por la violencia extrema contra las mujeres, donde doce vidas han sido arrebatadas en lo que va del año. Víctimas con edades que oscilan entre los 19 y los 52 años, cuyos casos resuenan con el clamor de sus familias por justicia y el temor a que sus expedientes queden en el olvido.
El más reciente de estos crímenes conmocionó a la comunidad con el hallazgo del cuerpo de Estelita Rodríguez Vargas, de 27 años, el pasado viernes 31 de octubre. Su cuerpo fue descubierto en la avenida Petrolera, cerca de la Facultad de Agronomía, por un transeúnte matutino. La autopsia reveló una muerte violenta, confirmando estrangulamiento y signos de agresión sexual. Estelita, enfermera de profesión, se ganaba la vida vendiendo accesorios de celulares y residía sola en la zona sur de la ciudad. Las autoridades continúan la búsqueda de los responsables de este brutal acto.
Otro caso que ha generado profunda consternación es el de Benita Silvia Quispe Pomacahua, de 37 años, quien lleva casi cinco meses desaparecida desde el 17 de junio. Su esposo, Luis Édgar Cabezas C., de 39 años, fue recientemente aprehendido, y las pruebas apuntan a su implicación en el deceso de su cónyuge. La Fiscalía ha tipificado el hecho como feminicidio, y el imputado se encuentra en detención preventiva en el penal de El Abra. Este suceso es particularmente inquietante, ya que el mismo hombre fue previamente condenado, hace más de una década, por el asesinato de la hermana mayor de su esposa, aunque logró la libertad tras una apelación. En ambas tragedias, se investigan motivaciones de índole económica y patrimonial.
La historia de Sonia Rojas Jaldín, de 52 años, revela un calvario de años. Tras perder la vista hace cuatro años, su esposo, Gualberto D.V., la mantenía encerrada en un cuarto en condiciones deplorables, a menudo sin acceso a alimentos, agua o servicios básicos. Su cuerpo fue encontrado el martes 7 de octubre en Yacanahuyo, Punata, con una data de muerte de al menos dos semanas, alertando a los vecinos por los fuertes olores. La autopsia determinó que falleció por asfixia, lo que derivó en la detención preventiva de su pareja.
Analy Zurita, de 32 años, falleció el 11 de septiembre después de una prolongada lucha de casi dos meses en el hospital. Sus graves heridas fueron infligidas por su concubino, Eloy J.H., de 57 años, quien la golpeó en la cabeza con el mango de una picota y la apuñaló en su domicilio de Aramasí, Punata. El agresor se encuentra bajo detención preventiva.
El 1 de agosto, Aida Cruz Ch., de 25 años, sucumbió a las quemaduras de tercer grado que cubrían el 70% de su cuerpo, tras dos semanas de agonía en el hospital. El 19 de julio, su cuñado, Gonzalo A.M., de 24 años, la roció con gasolina y le prendió fuego después de una discusión, aparentemente por un teléfono celular, en Catachilla, Sacaba. Su esposo intentó auxiliarla sin éxito. El agresor está en detención preventiva.
Evelyn Andia O., de 19 años, perdió la vida el 29 de julio al caer desde el tercer nivel del estadio de Cliza. La investigación descartó un accidente, señalando a su pareja, Wilber G.D., de 23 años, como presunto responsable, quien la acompañaba en el momento del suceso. Él fue detenido bajo detención preventiva.
El cuerpo de Silvia Andrade R., de 38 años, fue descubierto el 6 de abril en una comunidad de Mizque. La Fiscalía estableció que el 31 de marzo, su pareja, Willy Rioja Jiménez, de 48 años, la agredió físicamente tras una discusión y luego la enterró para ocultar el crimen. Posteriormente, arrepentido, confesó el hecho a su expareja, quien lo denunció a la Policía. Este es, hasta la fecha, el único caso que ha concluido con una sentencia firme en el departamento, con una condena de 30 años de privación de libertad.
Yandira Mamani A., de 20 años, fue víctima de feminicidio el 27 de febrero, cuando su concubino, Deyvi Vásquez C., de 22 años, provocó una explosión de gas en su hogar en la zona sur de Cochabamba. La joven falleció en el acto, y el agresor, con quemaduras en el 80% de su cuerpo, pereció al día siguiente en el Hospital Viedma.
En Sacaba, el 24 de febrero, Luli María Méndez Z. murió en su domicilio en el Distrito Rural de Aguirre. Su concubino, Alberto P.C., habría intentado simular un suicidio colocando tabletas cerca del cuerpo, pero la autopsia reveló que la causa de muerte fue asfixia y golpes. El imputado fue enviado con detención preventiva al penal de El Abra.
Fidelia Villca M., de 20 años, falleció el 2 de febrero en un hospital, donde permanecía internada desde el 26 de enero. Las investigaciones determinaron que su muerte fue por asfixia, a pesar de que su pareja, Pedro B.G., de 27 años, intentó encubrir el crimen alegando un ahorcamiento. Inicialmente clasificado como homicidio-suicidio, el caso fue reclasificado como feminicidio, y Pedro permanece bajo detención preventiva.
La madrugada del 21 de enero, Jaqueline Alison Fuentes G., de 26 años, fue encontrada sin vida en el baño de un alojamiento en Villa Tunari, en un intento de su pareja, Jonathan Reynaldo A.A., de simular un suicidio. La autopsia reveló asfixia mecánica, estrangulamiento y golpes, con claras marcas de violencia en su cuello. Jonathan fue imputado y se ordenó su detención preventiva.
Finalmente, María Juana Sarmiento M., de 23 años, murió en diciembre de 2024 en Chimoré, víctima de estrangulamiento y apuñalamiento. Aunque inicialmente la investigación se orientó a un posible ajuste de cuentas, el caso fue recalificado como feminicidio en 2025, incorporándose a las estadísticas del año. Tres hombres fueron aprehendidos en su momento, pero no se han divulgado más detalles sobre el avance del caso.
A pesar de una ligera disminución en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 18 casos hasta el 18 de octubre, la cifra actual de doce feminicidios en Cochabamba sigue siendo motivo de profunda alarma. La violencia persiste, y este año, las mujeres jóvenes han sido las más afectadas. Geográficamente, Punata y Cercado concentran tres casos cada uno, Sacaba dos, mientras que Villa Tunari, Chimoré, Mizque y Cliza reportan un caso individual.
Diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su honda preocupación por los elevados índices de violencia que continúan cobrándose la vida de mujeres. Estas instituciones brindan apoyo a los familiares de las víctimas, quienes exigen justicia y la pena máxima para los responsables. Se destaca la importancia de la Ley 1680, que garantiza protección integral y reparación para los hijos e hijas que quedan huérfanos a causa de feminicidios y otros delitos contra la vida, ofreciendo asistencia económica, social y psicológica. De los doce feminicidios registrados este año en Cochabamba, al menos 22 niños han quedado en la orfandad
