La administración departamental de Tarija ha expresado una profunda preocupación ante la advertencia del Ministerio de Salud sobre un posible débito de 8 millones de bolivianos, destinados al pago del bono de vacunación para el personal sanitario. El gobernador Oscar Montes ha alertado que tal medida podría desencadenar el colapso del sistema de salud en la región.
Según el ejecutivo departamental, no existe ninguna posibilidad de que la gobernación asuma el pago de dicho bono al sector salud. En este contexto, subrayó que, de concretarse la deducción por parte del Ministerio, la responsabilidad de cualquier eventual crisis financiera en los servicios de salud recaería directamente en la instancia nacional. Los trabajadores del sector, cuyos salarios provienen del Ministerio de Salud, han estado exigiendo el pago de este bono a la gobernación, amparándose en normativas vigentes que, según ellos, obligan a la entidad departamental a cumplir con esta obligación.
El gobernador Montes detalló que un débito de esta magnitud afectaría directamente a componentes vitales del sistema de salud departamental. Específicamente, mencionó que los 19 millones de bolivianos asignados al Sistema Universal de Salud (SUS), los 7.9 millones destinados al equipamiento del Hospital Materno Infantil (fondos que ya están en uso), los 3 millones para el funcionamiento y equipo del Hospital San Juan de Dios, y los 1.3 millones del Servicio Departamental de Salud (SEDES) se verían comprometidos. Explicó que todos estos recursos se encuentran actualmente en cuentas bancarias y serían directamente impactados por la retención.
Asimismo, la autoridad departamental resaltó que estas entidades de salud generan sus propios ingresos, los cuales la gobernación no ha intervenido desde el inicio de su gestión, a diferencia de lo que ocurre en otras administraciones departamentales. Estos fondos, generalmente, se utilizan para el pago de bonos de refrigerio y la contratación de personal adicional. Montes enfatizó que si el Ministerio de Salud procede con el débito de 8 millones, estará afectando al propio sistema de salud, y la gobernación no tendría capacidad para reponer esos montos, ya que todas las cuentas departamentales presentan un déficit.
En este sentido, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) registra un déficit de 10 millones de bolivianos, y todos los recursos disponibles en la gobernación ya están asignados o en proceso de ser utilizados para cubrir diversas obligaciones, como pagos por compras o trámites administrativos. El gobernador fue categórico al afirmar que no hay disponibilidad de fondos para el pago del bono al personal de salud y sugirió a este sector continuar impulsando el proyecto de ley presentado a la Asamblea Plurinacional, para que sea el gobierno central quien asuma esta obligación. La autoridad hizo referencia a las recientes movilizaciones y el paro de 96 horas realizado por los trabajadores de salud, que generaron un considerable perjuicio en la prestación de servicios.
En otro orden de información, el gobernador también informó sobre los ingresos por regalías de hidrocarburos correspondientes al mes de agosto. Estos alcanzaron únicamente los 19 millones de bolivianos, cifra significativamente inferior a los 31 millones que se habían programado. Este dato, según Montes, confirma la tendencia decreciente de los ingresos. La autoridad detalló la asignación de estos recursos a diversos programas y proyectos, reiterando que se prevé una reducción de 120 millones de bolivianos en los ingresos totales para este año, mientras que las obligaciones, como el pago de deudas al gobierno central por fideicomisos, se mantienen inalterables
