La frontera entre Bermejo y Aguas Blancas, en Argentina, atraviesa un momento de tensión debido a la implementación de restricciones que estarían afectando el comercio transfronterizo. Comerciantes argentinos denuncian que las medidas, presuntamente impuestas por las autoridades bolivianas, limitan el monto máximo de compra permitido y han incrementado los decomisos, lo que ha provocado una disminución significativa en la afluencia de compradores provenientes de Bolivia.
Este conflicto salió a la luz a partir de una carta enviada por los comerciantes argentinos al alcalde de Bermejo, en la que solicitan una reunión urgente para tratar lo que califican como restricciones arbitrarias que perjudican la actividad comercial. En la misiva, los afectados expresan que en los últimos meses se han intensificado los controles y límites en el valor de las compras, afectando el abastecimiento y la dinámica económica que sostiene a numerosas familias de la región. Además, señalan que en otras fronteras bolivianas no se registran estas limitaciones, lo que consideran un trato desigual.
Los comerciantes plantean la necesidad de establecer un acuerdo claro, justo y sostenible que facilite el abastecimiento mutuo, proteja el empleo en ambas localidades y garantice un comercio ordenado y transparente, libre de arbitrariedades. Por ello, solicitan un diálogo con las autoridades de Bermejo para exponer su situación y buscar soluciones conjuntas que beneficien a ambas comunidades.
En medio de esta controversia, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, ha manifestado su rechazo a las medidas, calificándolas como una forma de extorsión por parte de las autoridades bolivianas. Según Zigarán, se habría impuesto un límite de compra de 300 dólares mensuales para los bolivianos que ingresan a territorio argentino, y aquellos que excedan esa cifra enfrentan decomisos ordenados por la fuerza naval. Ante esta situación, advirtió que, de no revertirse las restricciones, solicitará a las autoridades nacionales la aplicación estricta de la normativa vigente, incluyendo el control migratorio y aduanero para todos los que crucen la frontera. El interventor concluyó con una advertencia firme, asegurando que no permitirán ser sometidos a presiones.
Por otro lado, desde el Comité Cívico local, Roso Martínez denunció que los operativos de decomiso realizados por efectivos navales incluyen productos básicos como arroz, aceite y harina que ingresan desde Aguas Blancas. Martínez señaló que, si bien existe una normativa que prohíbe la salida de productos nacionales para evitar el contrabando, en esta ocasión se estaría actuando en sentido contrario, afectando a quienes buscan adquirir productos a precios más accesibles debido a la inflación. Los representantes cívicos califican estas acciones como abusivas y expresan preocupación por la presión que sufren los comerciantes y consumidores en la zona.
Este escenario refleja un creciente conflicto en la frontera que pone en riesgo la actividad comercial y la convivencia entre ambas localidades, y subraya la necesidad de un diálogo constructivo para encontrar soluciones que protejan los intereses de las comunidades involucradas
