El Ejecutivo y la Cámara de Diputados trabajan en la creación de una comisión legislativa destinada a combatir la impunidad en casos de delitos sexuales. Esta instancia tendrá como objetivo fiscalizar procesos judiciales emblemáticos que no han culminado con sentencias definitivas. La presentación oficial de esta comisión está programada para el 29 de enero, en conjunto con la nueva viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jéssica Echeverría.
El diputado Manolo Rojas, quien preside la Comisión de Justicia Plural en la Cámara Baja, explicó que esta comisión revisará casos de alto impacto social, incluyendo denuncias de pederastia vinculadas a miembros de la Iglesia Católica, así como procedimientos iniciados y posteriormente cerrados contra el expresidente Evo Morales, relacionados con cargos de estupro y trata de personas. Rojas aclaró que esta comisión no funcionará como una instancia de revisión judicial, sino como un mecanismo de fiscalización legislativa sobre el sistema judicial.
La coordinación entre la Cámara de Diputados y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades comenzó poco después de la posesión de Echeverría. En el primer encuentro, la viceministra destacó la importancia de retomar iniciativas legislativas pendientes, como la creación de un registro nacional de personas procesadas por delitos sexuales. Además, expresó su preocupación por los altos niveles de impunidad que persisten en el sistema judicial, atribuidos a estructuras de corrupción presentes tanto en el Ministerio Público como en el Órgano Judicial, con respaldo del anterior gobierno.
Un estudio realizado por la Fiscalía revela que únicamente el 5% de los delitos de agresión sexual contra mujeres y niños son denunciados formalmente. Entre 2024 y 2025, se registraron 11.437 denuncias relacionadas con violencia sexual, lo que refleja una considerable cifra negra y un nivel elevado de impunidad, según destacó Rojas.
Entre los casos que motivan la creación de esta comisión se encuentran procesos contra sacerdotes acusados de delitos sexuales. Se mencionó el caso de un sacerdote denunciado por violación en Cochabamba, quien actualmente reside en Uruguay, donde no se ha concretado su extradición debido a deficiencias en los requisitos legales. Asimismo, se revisarán los procesos abiertos contra Evo Morales en distintas regiones, relacionados con abusos a menores. En estos expedientes existen evidencias como documentos, pasajes aéreos y fotografías que sugieren posible complicidad de funcionarios públicos y legisladores, sin embargo, los casos fueron cerrados durante la gestión del fiscal general Juan Lanchipa.
Para brindar apoyo legal a víctimas de violencia sexual que carecen de recursos, se retomará el sistema de abogados voluntarios que operaba en el extinto Ministerio de Justicia. Se lanzará una convocatoria nacional para conformar equipos jurídicos en los nueve departamentos, con el fin de garantizar asistencia gratuita. Además, se contempla la participación de representantes del Órgano Judicial para que profesionales con experiencia técnica orienten y fortalezcan el trabajo de la comisión.
La viceministra Jéssica Echeverría cuenta con una amplia trayectoria en la lucha contra la violencia hacia mujeres y niños. Su nombramiento fue destacado por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien resaltó su capacidad técnica y conocimiento del sistema judicial. Lupo subrayó que el gobierno busca personas comprometidas con resultados concretos, sin cuotas partidarias ni espacios de protección, enfatizando la importancia de honrar la confianza con acciones.
La designación de Echeverría generó diversas reacciones en redes sociales, debido a sus vínculos con distintas fuerzas políticas y activistas. No obstante, con la conformación de esta comisión, los poderes Legislativo y Ejecutivo pretenden reavivar el debate sobre la impunidad estructural en delitos sexuales y ejercer una presión institucional efectiva para evitar que estos casos queden en el olvido judicial
