Doce miembros de la comunidad de la Reserva de Tariquía, incluyendo cuatro mujeres y ocho hombres, se encuentran a la espera de una audiencia de medidas cautelares programada para el martes veinticuatro de junio. Esta solicitud proviene de la fiscalía en el marco de un proceso iniciado a raíz de una denuncia presentada por un asesor de YPFB, quien se identifica como víctima junto a Petrobras Bolivia.
La fiscalía ha fundamentado su petición en la presunta existencia de elementos que sugieren que los acusados podrían no someterse al proceso judicial o dificultar la investigación de los hechos.
No obstante, los propios denunciados afirman haber comparecido a todas las citaciones judiciales desde que la denuncia fue interpuesta en octubre del año pasado. Tras la conclusión de la etapa de investigación preliminar, la denuncia fue desestimada en primera instancia. Sin embargo, esta decisión fue apelada por Yacimientos ante la Fiscalía Departamental, cuya titular revocó posteriormente dicha desestimación.
Como consecuencia de la revocación del rechazo inicial, la fiscalía volvió a notificar a los denunciados para la realización de un desfile identificativo. Los comunarios asistieron a dos audiencias adicionales, en las cuales cada uno de ellos pasó más de media hora en la Cámara Gesell, mientras cuatro representantes de YPFB intentaban identificarlos o no.
Una de las mujeres afectadas describió la experiencia como un desplazamiento innecesario desde sus comunidades, implicando viajes desde tempranas horas de la madrugada. Relató sentirse intimidada al ingresar a la cámara y comparó la asignación de números a su persona con la forma en que se identifica a los delincuentes en televisión, lo que le generó un profundo malestar. En total, los comunarios han sido convocados a seis audiencias
