Una reciente resolución judicial ha concedido libertad plena a doce miembros de comunidades de la Reserva Natural de Flora y Fauna de Tariquía, quienes enfrentaban un proceso penal iniciado por representantes de Petrobras S.A. y YPFB. La Defensoría del Pueblo estuvo presente como observador durante la audiencia de medidas cautelares, asegurando la transparencia del procedimiento.
La institución defensorial ha subrayado su firme compromiso con la protección de los defensores de derechos humanos en el ámbito ambiental. Este respaldo se alinea con los principios del Acuerdo de Escazú, la Constitución Política del Estado y la legislación nacional que reconoce los derechos de la Madre Tierra y de quienes la salvaguardan.
La acción legal contra los comunarios fue interpuesta en octubre de 2024 por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras S.A. Bolivia. Las compañías alegaron vulneraciones a su derecho al trabajo, agresiones físicas y obstrucción en la investigación de los hechos.
Durante la verificación del caso, la Defensoría constató la constante disposición de los defensores a colaborar con la justicia, presentándose a todas las convocatorias. Sin embargo, la investigación preliminar estuvo marcada por diversas irregularidades, incluyendo la suspensión en cuatro ocasiones de los desfiles identificativos debido a fallas procesales, como la falta de notificación adecuada o la ausencia de personal policial, a pesar de la presencia ininterrumpida de los acusados. Inicialmente, la Fiscalía había desestimado la denuncia, pero YPFB apeló la decisión ante la Fiscalía Departamental de Tarija, la cual, bajo la dirección de la fiscal Sandra Gutiérrez, revocó el rechazo y reactivó el proceso.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo inició un seguimiento y monitoreo exhaustivo del caso. Sus acciones incluyeron la verificación in situ de la vigilia establecida por los comunarios, la celebración de reuniones con las comunidades afectadas, la solicitud de informes sobre las acciones de las empresas petroleras, la participación como instancia veedora en el proceso de consulta y la emisión de pronunciamientos que reiteran la obligación del Estado de proteger a los defensores ambientales, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú, la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra y la Ley N°300, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.
La problemática de la criminalización de la protesta ambiental en la región fue objeto de atención internacional el pasado 7 de marzo, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia pública. En dicho foro, mujeres de Tariquía y Chiquiacá expusieron las persecuciones que enfrentan por su oposición a proyectos hidrocarburíferos. Autoridades internacionales, incluidos comisionados de la CIDH, representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, cuestionaron enérgicamente el uso del sistema penal como herramienta para reprimir la legítima defensa de los territorios.
La institución defensorial ha reiterado su compromiso de continuar actuando como garante de los derechos colectivos y de la Madre Tierra, en estricto apego a su mandato legal y a los estándares internacionales de derechos humanos. Se mantendrá un monitoreo constante de este caso, exigiendo a las autoridades el respeto irrestricto a los derechos de los defensores ambientales, la transparencia en cada etapa del proceso y la no criminalización de la protesta pacífica
