La legalidad de las modificaciones al plan de manejo de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, implementadas desde 2014, está siendo cuestionada debido a que se sospecha que estas reformas priorizan la explotación petrolera por encima de la conservación ambiental. La senadora Marcela Guerrero, representante de la agrupación Unidad, ha presentado una solicitud formal ante la Contraloría General del Estado para que se realice una auditoría ambiental sobre estos cambios, ante indicios de posibles irregularidades y violaciones a la legislación ambiental vigente.
Guerrero señaló que, durante aproximadamente veinte años, la reserva ha sufrido un deterioro progresivo a partir de alteraciones en su plan de manejo. Explicó que entre los años 2000 y 2004 existía un instrumento técnico que garantizaba la protección integral del área, pero en 2014 se aprobó un nuevo plan sin llevar a cabo procesos de socialización, consultas públicas ni estudios hidrológicos. Esto, a su juicio, facilitó la habilitación irregular de actividades hidrocarburíferas dentro de la reserva.
La legisladora denunció que estas modificaciones se realizaron al margen de la normativa nacional y están motivadas por intereses económicos. Como ejemplos mencionó los pozos Astillero, Churuma y San Telmo, y alertó sobre la intención de efectuar cambios similares en el Domo Oso X-3. La solicitud de auditoría presentada apunta específicamente a las alteraciones en el plan de manejo, señalando como uno de los principales responsables al Director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), quien deberá justificar técnica y legalmente las razones detrás de estas modificaciones.
Guerrero advirtió que los mapas actuales de la reserva, luego de los cambios en el plan de manejo, muestran un desplazamiento del núcleo de protección, favoreciendo la actividad extractiva de hidrocarburos y alterando la delimitación de la cuenca hídrica en beneficio de intereses petroleros. Según la senadora, la zonificación vigente difiere sustancialmente y de forma adulterada en comparación con la aprobada en 2004.
Además, la auditoría solicitada no solo debe evaluar el plan de manejo, sino también el proceso de categorización ambiental y la realización de consultas públicas. Inicialmente, el Ministerio de Hidrocarburos habría solicitado una categorización ambiental de nivel I, que requiere estudios exhaustivos sobre el impacto ambiental, los cuales no se habrían realizado. Posteriormente, esta categorización fue modificada sorpresivamente a nivel II, reduciendo así las exigencias y permitiendo una mayor flexibilidad para la obtención de licencias ambientales relacionadas con el manejo de sustancias peligrosas.
De acuerdo con Guerrero, existe información que indica la intención de manejar sustancias peligrosas en la reserva, lo que habría requerido la categorización nivel I, pero esta condición fue ignorada y manipulada. La legisladora también hizo un llamado para que se establezcan responsabilidades tanto en ámbitos técnicos como políticos, mencionando a exautoridades y ministerios involucrados que habrían ocultado información y firmado contratos que facilitaron la intervención en la reserva.
Finalmente, Guerrero instó a la Contraloría General del Estado a priorizar esta investigación y a ordenar que el plan de manejo de la reserva sea revisado desde cero, con la participación de la sociedad civil, y que se suspendan las actividades exploratorias mientras se esclarecen las presuntas irregularidades detectadas
