La controversia ha surgido en torno a informes sobre un supuesto arrendamiento de territorio indígena a representantes de una organización religiosa autodenominada Kailasa, originaria de India. Sin embargo, un líder de la Asamblea del Pueblo Guaraní del Itika Guasu (APG-IG) ha desmentido categóricamente estas afirmaciones, aclarando la naturaleza de las conversaciones mantenidas con dicho grupo.
Según el dirigente, la organización religiosa Kailasa expresó su interés en establecerse en territorios indígenas, con la intención de integrar a miembros de las comunidades locales a su congregación. Paralelamente, manifestaron un fuerte interés en el mercado de bonos de carbono, un mecanismo financiero internacional destinado a compensar las emisiones de dióxido de carbono.
El líder indígena explicó que los representantes de Kailasa propusieron pagos a cambio de la captura de dióxido de carbono (CO2) en el territorio, en el contexto del mercado de bonos de carbono. Este mercado permite que países industrializados, con altas emisiones contaminantes, inviertan en proyectos de conservación en países con mayor capacidad de absorción de CO2, como Bolivia, rica en vegetación. No obstante, el dirigente enfatizó que el interés de Kailasa no es único, ya que otras fundaciones también han mostrado interés en este tipo de acuerdos con pueblos indígenas, ofreciendo recursos económicos a cambio de la preservación ambiental y la captura de carbono.
El gobierno boliviano, a través de un Decreto Supremo, ha establecido un marco regulatorio para la venta de bonos de carbono, lo que representa una potencial fuente de ingresos para el país. En este contexto, el dirigente indígena señaló que la oferta de pagos significativos por la captura de CO2 en territorios indígenas resulta atractiva para muchas comunidades, especialmente ante la actual coyuntura económica nacional. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se ha concretado ningún acuerdo ni se han recibido fondos.
El líder indígena hizo un llamado a la claridad y a la información, reconociendo que existe desinformación entre las comunidades indígenas sobre este tema. Considera fundamental que las autoridades gubernamentales se acerquen a las comunidades indígenas para informar y socializar la normativa relacionada con la venta de bonos de carbono y los mecanismos de financiamiento para la preservación ambiental. Reiteró enfáticamente que no se está considerando el arrendamiento o venta de territorio indígena, práctica prohibida por la Constitución Política del Estado. En cambio, expresó que la posibilidad de obtener ingresos sustanciales por la conservación ambiental, a través de mecanismos como los bonos de carbono, sería bien recibida por los pueblos indígenas, siempre y cuando se enmarque dentro de la legalidad y contribuya a la protección de los Territorios Comunitarios de Origen (TCO)
