El conflicto generado por la calidad del combustible en Bolivia ha escalado hasta convertirse en una seria preocupación para el sector del transporte, representado por la Confederación de Choferes de Bolivia. Su dirigente, Lucio Gómez, ha vuelto a manifestar con firmeza la problemática que afecta a miles de vehículos en todo el país, enfatizando que la situación ha alcanzado niveles alarmantes que requieren una respuesta inmediata por parte del Gobierno.
En declaraciones recientes, Gómez detalló que al menos 7.000 vehículos han sufrido daños debido a la baja calidad del carburante suministrado. Esta cifra refleja un problema que no solo afecta a un grupo reducido, sino que se ha extendido de manera generalizada entre los conductores y propietarios de vehículos en Bolivia. Muchos de estos automotores se encuentran actualmente en talleres mecánicos intentando reparar los daños causados, mientras que otros permanecen paralizados debido a las dificultades económicas que enfrentan sus dueños, quienes no cuentan con los recursos necesarios para afrontar los costos de reparación.
La gravedad del daño radica en que el combustible adulterado o de mala calidad afecta directamente varios componentes esenciales del motor. Esto implica desde el deterioro prematuro hasta daños irreparables en vehículos incluso nuevos, lo cual representa una pérdida considerable para quienes dependen diariamente de estos medios de transporte para su trabajo y sustento. La afectación no se limita únicamente a automóviles; Gómez también reportó que más de 2.000 motocicletas han resultado perjudicadas por esta problemática, evidenciando un impacto transversal en distintos tipos de vehículos.
Ante esta situación preocupante, el dirigente solicitó al Gobierno asumir la responsabilidad correspondiente y hacerse cargo de los daños ocasionados por el combustible defectuoso. La petición incluye un reclamo explícito para que las autoridades establezcan mecanismos para resarcir económicamente a los afectados, ya que los gastos vinculados a la reparación de motores y otros componentes son elevados y están fuera del alcance económico de muchos conductores.
La Confederación ha declarado un estado de emergencia ante esta crisis y advirtió sobre la posibilidad de iniciar medidas de presión si no se atienden sus demandas. Estas acciones podrían incluir manifestaciones públicas, bloqueos en carreteras e incluso movilizaciones fronterizas, lo cual refleja la determinación del sector para exigir soluciones efectivas y rápidas. La declaración subraya el nivel de tensión existente y el compromiso firme por parte del gremio para defender los intereses y derechos de sus afiliados.
Este conflicto pone en evidencia no solo un problema técnico con el suministro de combustible sino también una cuestión social y económica con profundas implicaciones para miles de familias bolivianas. El deterioro masivo de vehículos impacta directamente en la movilidad urbana e interdepartamental, afectando la economía local y regional al dificultar el transporte público y privado. Además, genera incertidumbre y desconfianza hacia las instituciones encargadas del control y supervisión del mercado energético.
En conclusión, la denuncia realizada por Lucio Gómez representa un llamado urgente a las autoridades nacionales para abordar con seriedad y prontitud las deficiencias detectadas en la calidad del carburante. La magnitud del daño reportado exige respuestas claras que permitan mitigar las consecuencias económicas sobre los usuarios afectados y evitar una escalada mayor en las protestas sociales vinculadas al sector transporte. La resolución favorable del conflicto será clave para garantizar la estabilidad y confianza en uno de los servicios básicos indispensables para el funcionamiento diario del país
