El conflicto entre el sector empresarial y el Gobierno por la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 continúa sin una solución a la vista. Esta normativa confiere al Poder Ejecutivo la autoridad para decomisar productos que considere acopiados con fines especulativos, lo que ha generado un fuerte rechazo entre los empresarios y gremialistas, quienes argumentan que esta medida atenta contra la propiedad privada al permitir decomisos sin un marco claro que considere la logística comercial y los tiempos de almacenamiento.
Más de diez instituciones del ámbito empresarial han solicitado la anulación de esta disposición. Si no se atienden sus demandas, han anunciado un paro movilizado de 24 horas programado para el 10 de febrero. Por su parte, el Gobierno ha manifestado que no derogará la normativa, argumentando que el presidente Luis Arce Catacora no tiene la facultad para hacerlo, ya que se trata de una disposición establecida por la Ley 1613.
En respuesta a la convocatoria del Gobierno para discutir la reglamentación de esta medida, los representantes empresariales decidieron llevar a cabo una reunión multisectorial en Sucre, donde participaron productores, transportistas, gremialistas y exportadores, así como representantes cívicos de las regiones de Chuquisaca y Potosí. Durante este encuentro, César Gonzales, líder de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, enfatizó la necesidad de que el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional actúe para derogar la disposición y se propuso la creación de una nueva ley para abordar el tema.
Los representantes del sector productivo han cuestionado la necesidad de esta disposición, señalando que ya existen sanciones contra la especulación y el agio. Argumentan que la inclusión de esta medida en el PGE se realizó sin la consulta adecuada a los actores involucrados y han denunciado que esta situación ha llevado a un aumento de la crisis económica, en lugar de ofrecer soluciones a problemas como la falta de divisas e hidrocarburos.
Klaus Frerking, vicepresidente de la CAO, expresó su preocupación por la disposición, considerándola confiscatoria y perjudicial para la seguridad jurídica del país. Hizo un llamado tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo para que trabajen en pro de la certeza y estabilidad que requieren los productores bolivianos, subrayando la urgencia de derogar la medida para proteger la cadena productiva y alimentaria.
En este contexto, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, reiteró que el presidente no tiene la capacidad de derogar la disposición, y que cualquier solicitud al respecto debe dirigirse a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Silva también destacó que esta disposición adicional permite a las entidades competentes realizar acciones de control y confiscación ante situaciones de acopio injustificado de productos alimenticios.
Finalmente, Silva mencionó que los industriales han expresado su preocupación por la imposibilidad de controlar a los mayoristas una vez que se realiza la venta, lo que añade complejidad a la situación. A pesar de la invitación del Gobierno al diálogo, los empresarios han decidido no participar en la reglamentación de la medida, reafirmando su rechazo a la normativa
