El asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), José Yucra, ha informado sobre la presentación de una acción de cumplimiento ante dos tribunales de garantía en Tarija. Esta acción se basa en la Ley 202, que obliga al gobernador a transferir recursos del presupuesto para el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por las autoridades judiciales.
Yucra expresó su desconcierto ante la negativa, argumentando que se le ha indicado que no hay disponibilidad financiera. Señaló que la Asamblea y el ejecutivo son entidades distintas, y que la falta de recursos dificulta su labor de fiscalización. “Si no contamos con los fondos necesarios, no podremos cumplir con nuestra función de supervisar al gobernador. Resulta incomprensible que la justicia desestime una ley autonómica”, afirmó.
Ante esta situación, la bancada del MAS ha decidido presentar un amparo ante el Tribunal Constitucional en Sucre, con la esperanza de que se revoque la decisión del juez. No obstante, este proceso podría extenderse por más de tres meses.
Yucra recordó que la Ley 202 establece que el ejecutivo debe realizar transferencias mensuales automáticas en doce cuotas iguales del presupuesto anual aprobado por la Asamblea, lo que equivale a 1.400.000 bolivianos cada mes. Sin embargo, el gobernador ha incumplido con estas transferencias, lo que ha llevado a la Asamblea a enfrentar dificultades incluso para cubrir gastos básicos.
Por su parte, el gobernador Óscar Montes defendió su posición, argumentando que el presupuesto es solo un indicativo y no una obligación vinculante. “No podemos transferir recursos a la Asamblea que no han sido recibidos por la gobernación, y esa es la razón por la cual la justicia ha fallado a nuestro favor”, comentó.
A pesar de la decisión judicial, la directiva de la Asamblea departamental insiste en que la gobernación debe realizar la transferencia total del presupuesto de 17.4 millones de bolivianos, correspondiente a la gestión 2024, antes de que finalice el año
