En un contexto de creciente preocupación por el aumento de precios en los mercados, se ha desatado un debate entre las autoridades nacionales y municipales acerca de las responsabilidades en el control de estas alzas. Mientras el Gobierno central sostiene que es deber de los municipios regular los precios, las alcaldías argumentan que las competencias no están claramente definidas.
Dirigentes campesinos y comunitarios han manifestado su descontento ante la falta de acción para contener la escalada de precios, señalando que la responsabilidad recae en las autoridades locales. Sin embargo, desde las alcaldías se responde que el control de precios no es parte de sus atribuciones, lo que ha generado una situación de confusión y descoordinación.
El presidente Luis Arce ha reiterado que la supervisión de precios es una obligación de las alcaldías, respaldándose en lo que establece la Constitución Política del Estado. Durante un evento reciente, el mandatario hizo hincapié en que las alcaldías deben asumir su papel en esta tarea, subrayando que el Gobierno central no puede ser señalado como el único responsable. Arce también destacó el impacto que la presión de fin de año tiene sobre los precios, un fenómeno que se repite cada año y que agrava la situación.
Por su parte, la Asociación de Municipalidades de Bolivia ha respondido a las acusaciones, afirmando que, de acuerdo con el marco legal vigente, su competencia se limita al control de la calidad y salubridad de los productos, sin incluir la regulación de precios. Alfonso Lema, director de la AMB, señaló que aunque hay normativas que permiten supervisar los mercados en términos de salud pública, no se dispone de mecanismos para sancionar precios excesivos.
Los gremios que operan en los mercados, por otro lado, defienden su postura al afirmar que sus decisiones se basan en la ley de oferta y demanda. Atribuyen el aumento de precios no solo a la dinámica del mercado, sino también a factores externos como la escasez de divisas y la falta de combustibles. Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, agregó que la estabilidad económica lograda tras la devaluación de la UDP se ha visto afectada, y que el Gobierno solo puede regular los precios de productos subvencionados, como los combustibles.
Con el fin de abordar esta situación, Lema expresó que se requieren políticas económicas integrales que permitan mitigar la especulación y controlar el aumento de precios. La Constitución, en su artículo 302, otorga a los municipios la responsabilidad de proteger los derechos de los consumidores, pero no especifica las acciones concretas a tomar. Esto deja un vacío en la regulación que podría beneficiar a los consumidores si se establecieran medidas más claras y efectivas para prevenir abusos en los precios
