La entidad nacional encargada de la fiscalización de las finanzas públicas ha reafirmado recientemente su competencia exclusiva en la emisión de certificados de solvencia fiscal. Esta aclaración surge en un contexto donde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) había solicitado con premura a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, información sobre la situación fiscal de Jaime Dunn, un requisito indispensable para su habilitación como candidato presidencial.
Conforme a la normativa vigente, específicamente el Decreto Supremo 24278, la Contraloría General del Estado posee la atribución exclusiva para expedir certificaciones sobre la situación fiscal de los ciudadanos. Estas certificaciones están diseñadas para proporcionar datos pertinentes, oportunos y fidedignos, cruciales para orientar la toma de decisiones en procesos de adquisición de bienes, contratación de servicios y otros actos administrativos que demanden tal verificación. La institución enfatizó que esta comunicación pública tenía como propósito disipar cualquier ambigüedad en torno a la correcta emisión de estos documentos.
Un certificado de información sobre solvencia con el fisco es un instrumento que detalla la situación de una persona natural o jurídica en relación con la existencia de procesos judiciales o requerimientos de pago. Por su parte, la solvencia con el fisco se define como la condición legal que determina la presencia o ausencia de deudas pendientes con el Estado.
El pasado jueves, el presidente en ejercicio del TSE, Óscar Hassenteufel, había solicitado formalmente a la alcaldesa Copa que informara, con carácter de urgencia, si Dunn tenía requerimientos de pago, un pliego de cargo ejecutoriado o deudas pendientes con el Gobierno Municipal de El Alto. No obstante, la misma misiva de Hassenteufel reconocía que Dunn ya había presentado ante el TSE el Certificado de Solvencia Fiscal N° 782089, junto con la Certificación Aclaratoria N° CGE/GR-DJBR 001/2025, esta última con fecha del 25 de junio, ambas expedidas por la Contraloría.
La solicitud del TSE a la autoridad municipal, a pesar de la previa presentación de las certificaciones nacionales de solvencia, desencadenó un considerable debate, especialmente en las redes sociales, donde diversos observadores cuestionaron si esta acción del órgano electoral excedía las atribuciones que corresponden a la institución fiscalizadora
