La Contraloría General del Estado detectó irregularidades en 57 contratos de servicios publicitarios firmados por la Asamblea Legislativa Departamental durante el segundo semestre de 2023. Según el informe oficial, estos acuerdos se realizaron con medios de comunicación que no cuentan con existencia real o están inactivos, lo que impidió confirmar la prestación efectiva de los servicios contratados.
Las contrataciones en cuestión corresponden al periodo en que Alan Barca Herrera ejercía como presidente de la Asamblea Legislativa Departamental. El documento señala que varios contratos carecían de documentación adecuada, lo que imposibilitó verificar tanto la naturaleza como la capacidad operativa de los medios implicados. Además, se identificó un trato preferencial hacia un canal televisivo de Yacuiba, que recibió beneficios sin justificación técnica válida.
Ante estos hallazgos, el asambleísta Mauricio Lea Plaza indicó la necesidad de iniciar procesos administrativos internos para determinar responsabilidades entre los funcionarios involucrados en estas contrataciones. Asimismo, destacó que los procedimientos permitirán definir posibles acciones legales, ya sean penales, civiles o administrativas, con el fin de resarcir el daño económico estimado en aproximadamente 50.000 bolivianos. Aunque la cifra no es elevada, subrayó la gravedad del hecho.
En la investigación estarían implicados, además de Alan Barca, quien actualmente ocupa un escaño como asambleísta por la provincia de Caraparí, cinco funcionarios, algunos de los cuales ya no laboran en la Asamblea Legislativa Departamental. Hasta el momento, Barca no ha respondido a los requerimientos para esclarecer la situación.
El asambleísta también recordó que estas irregularidades fueron denunciadas en 2024 ante la Fiscalía Departamental, aunque señaló que las pesquisas no han avanzado desde entonces
