La Contraloría General del Estado detectó irregularidades en 57 contratos de servicios publicitarios firmados por la Asamblea Legislativa Departamental durante la segunda mitad de 2023. Según el informe oficial dirigido a esta instancia, los acuerdos involucraban a medios de comunicación que no contaban con presencia real ni actividad comprobable.
Estas contrataciones se realizaron bajo la gestión del entonces presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Alan Barca Herrera. El documento fiscalizador señala que se contrataron páginas web y espacios digitales sin vigencia efectiva, catalogados como medios inexistentes o inactivos, lo que imposibilitó verificar la prestación efectiva de los servicios contratados.
Además, el reporte destaca que varios contratos carecían de la documentación necesaria para confirmar la naturaleza y capacidad operativa de los medios involucrados. Se identificó también un trato preferencial hacia un canal televisivo de Yacuiba, que recibió beneficios sin respaldo técnico que lo justifique.
Frente a estos hallazgos, el asambleísta Mauricio Lea Plaza manifestó la necesidad de iniciar procesos administrativos internos para investigar a los funcionarios responsables de estas contrataciones irregulares. Señaló que, dependiendo de los resultados, se podrían emprender acciones legales en las vías penal, civil o administrativa para recuperar los recursos públicos, estimados en aproximadamente 50.000 bolivianos. Aunque la cifra no es elevada, destacó la gravedad del hecho.
Entre los implicados se encuentran Alan Barca, quien actualmente ejerce como asambleísta por la provincia de Caraparí, y cinco funcionarios, algunos ya desvinculados de la Asamblea Legislativa Departamental. Hasta el momento, Barca no ha respondido a las solicitudes de información.
Cabe recordar que estas irregularidades fueron denunciadas ante la Fiscalía Departamental en 2024, pero las investigaciones no han avanzado significativamente desde entonces
