La Cooperativa de Servicio de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt) enfrenta una sanción económica significativa tras la ratificación de una multa administrativa por parte del Tribunal Segundo de Sentencia. La resolución judicial, que asciende a 2.732.000 bolivianos, se considera de última instancia, lo que implica que la cooperativa no tiene posibilidad de apelar.
La resolución judicial confirma el rechazo de un recurso de revocatoria previamente interpuesto por Cosaalt. Esta decisión judicial agota las instancias de apelación, consolidando la obligación de la cooperativa de abonar la multa impuesta.
La sanción se deriva del incumplimiento por parte de la cooperativa en la entrega de informes de monitoreo ambiental y la omisión en la gestión de la licencia ambiental requerida por la Dirección de Medio Ambiente de la Gobernación departamental.
Un representante del Consejo de Vigilancia de Cosaalt atribuyó la responsabilidad de esta situación a la gestión anterior, señalando directamente al ex gerente y a la entonces presidenta del consejo de administración. Según esta fuente, la negligencia de los ex directivos al no actuar en los plazos establecidos para la defensa legal de la cooperativa resultó en la denegación de las acciones legales presentadas.
Ante la firmeza de la resolución judicial, se abre la vía para que la gobernación proceda con el cobro de la multa. El Consejo de Vigilancia ha anunciado que tomará medidas contra los considerados responsables de esta situación, buscando resarcir el perjuicio económico causado a la cooperativa.
Se ha informado que ya se han formalizado cinco denuncias ante el Ministerio Público contra el ex gerente y la ex presidenta del consejo de administración. Estas denuncias se sustentan en presuntas irregularidades en la gestión de proyectos y en las consecuencias económicas derivadas de la reciente sanción. El Consejo de Vigilancia espera que las autoridades fiscales evalúen la documentación presentada y tomen decisiones con respecto a las responsabilidades penales que pudieran derivarse de estos hechos.
Actualmente, Cosaalt no dispone de los fondos necesarios para hacer frente a esta nueva multa. No obstante, se ha indicado que una vez que la cooperativa reciba la notificación formal de la gobernación para el pago, se tomarán las determinaciones pertinentes para abordar esta obligación financiera.
El Consejo de Vigilancia insiste en que los ex directivos deben responder por los perjuicios económicos causados a la institución debido a su gestión considerada negligente. Se ha manifestado la intención de que sean los ex responsables quienes asuman el pago de esta sanción, buscando proteger los intereses económicos de la cooperativa ante las consecuencias de las acciones y omisiones de la administración anterior
