Mario Cossío, figura emblemática de la política tarijeña y primer gobernador electo por voto popular en el departamento, atraviesa un momento crítico en su carrera mientras se prepara para las elecciones regionales. A pesar de haber sido formalmente inhabilitado como candidato a la Gobernación de Tarija por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Cossío mantiene firme su intención de continuar en la contienda electoral, amparado en recursos legales que buscan revertir esta decisión que él califica como arbitraria y políticamente motivada.
La controversia sobre su candidatura no es nueva y se enmarca en un contexto complejo que combina su trayectoria política con acusaciones y procesos judiciales que han marcado las últimas dos décadas en Tarija. Cossío fue una figura central durante los años en que el departamento consolidó su autonomía política, impulsando programas sociales innovadores como el Seguro Universal de Salud para Tarija (SUSAT) y promoviendo leyes clave para el desarrollo regional, como la incorporación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la gestión del 4% adicional destinado a los departamentos productores. Sin embargo, denuncias de corrupción vinculadas a su gestión lo obligaron a buscar refugio político en Paraguay, situación que hoy es parte del debate sobre su habilitación electoral.
La inhabilitación oficial del TSE se basa principalmente en alegaciones relacionadas con el incumplimiento del requisito de residencia permanente en Bolivia durante los últimos dos años previos a la elección debido a su condición de refugiado político fuera del país. No obstante, Cossío sostiene que esta interpretación desconoce disposiciones legales y sentencias constitucionales que eximen a personas con estatus de refugiados de perder dicha residencia. Presentó ante el TSE documentos oficiales emitidos por Paraguay que acreditan su condición de refugiado desde 2011, lo cual fue inicialmente reconocido por el Tribunal Departamental Electoral de Tarija al habilitarlo como candidato. La posterior revocación de esta habilitación por parte del TSE, sin entregar oportunamente la resolución ni permitirle acceder a la misma, ha llevado a Cossío a interponer acciones constitucionales para exigir transparencia y justicia.
Más allá del aspecto jurídico, el exgobernador denuncia una acción deliberada para proscribir su candidatura con fines políticos, señalando un trato discriminatorio comparativo frente a otros candidatos refugiados o asilados —como un aspirante oficialista en La Paz— quienes sí fueron habilitados bajo circunstancias similares. Esta situación refleja, según Cossío, una persistente práctica de persecución política y manipulación electoral heredada del anterior régimen político nacional, pese al cambio gubernamental reciente. Considera que estas maniobras afectan directamente el ejercicio democrático al impedir que la población pueda elegir libremente a sus autoridades.
En cuanto al impacto político y social para Tarija, Cossío advierte sobre las consecuencias negativas que ha tenido la interrupción del proceso autonómico iniciado hace 15 años con su elección histórica como prefecto. Subraya cómo tras la pérdida del primer gobierno autónomo elegido democráticamente se paralizaron importantes proyectos e inversiones fundamentales para el desarrollo económico y social del departamento. Entre estos destaca las obras viales orientadas a consolidar un corredor bioceánico estratégico para integrar a Tarija con mercados internacionales, así como iniciativas sociales pioneras como la titulación gratuita para bachilleres o programas ambientales y productivos.
El exgobernador critica duramente las gestiones posteriores encabezadas por Lino Condori y Adrián Oliva, señalando que durante sus mandatos se desmantelaron proyectos emblemáticos y se dilapidaron recursos provenientes del sector hidrocarburífero. En particular, refiere al estancamiento de obras públicas vitales como carreteras y represas para riego, así como decisiones políticas controvertidas relacionadas con la reducción del porcentaje del IDH asignado al departamento o la entrega al gobierno central de infraestructuras hidroeléctricas estratégicas. Estas acciones han contribuido al deterioro económico actual y al endeudamiento significativo que enfrenta Tarija.
En contraste con este panorama, Cossío plantea una visión renovada para el futuro departamental basada en diversificar la economía hacia sectores productivos sostenibles y fortalecer el turismo como motor clave para generar empleo e ingresos autónomos. Propone impulsar una segunda revolución en salud pública enfocada no solo en mantener la universalidad sino también en mejorar sustancialmente la calidad de los servicios sanitarios locales. Su proyecto político prioriza también consolidar un gobierno departamental fuerte y descentralizado capaz de defender los intereses locales frente a injerencias externas.
A pesar de las dificultades legales y políticas actuales, Mario Cossío mantiene un discurso firme respecto a sus convicciones democráticas y legales. Reafirma su disposición a luchar hasta las últimas instancias judiciales para revertir lo que considera una ilegalidad e intromisión política inaceptable dentro del órgano electoral. Más allá del resultado personal en las urnas, defiende la importancia fundamental del principio democrático: garantizar el derecho ciudadano a elegir libremente sin imposiciones ni exclusiones arbitrarias.
En este contexto electoral crucial para Tarija y Bolivia, Mario Cossío representa no solo una candidatura sino también un símbolo de resistencia frente a prácticas consideradas autoritarias; un llamado explícito a preservar las garantías constitucionales y fortalecer la transparencia institucional dentro del sistema democrático boliviano. Su caso pone sobre la mesa debates esenciales acerca del respeto al voto popular, la imparcialidad electoral y los mecanismos legales disponibles para proteger derechos políticos fundamentales frente a procesos judiciales politizados.
Así pues, mientras avanza el calendario electoral hacia marzo próximo, Tarija enfrenta no solo una contienda entre candidatos sino también un escenario cargado de tensiones políticas e institucionales donde están en juego no solo cargos públicos sino también principios democráticos esenciales para el futuro político regional y nacional. La historia política reciente tarijeña vuelve a entrelazarse con los desafíos actuales derivados tanto de luchas pasadas por autonomía e identidad regional como de nuevas disputas por legitimidad política dentro de un sistema electoral aún cuestionado por amplios sectores sociales
