La situación económica en el departamento de Tarija se ha vuelto crítica, llevando al Gobierno Departamental a enfrentar serias dificultades para cumplir con el pago de salarios. En este contexto, las autoridades han solicitado la implementación de leyes que permitan reestructurar las finanzas del ejecutivo y reducir los salarios.
Durante la gestión de 2024, el Gobierno Departamental de Tarija manejó un presupuesto de 556,1 millones de bolivianos, de los cuales 68,9 millones se destinaron a gastos operativos del ejecutivo y del legislativo. Sin embargo, ante la caída esperada en los ingresos para 2025, tanto la Gobernación como la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) han comenzado a trabajar de manera coordinada para realizar ajustes financieros necesarios.
Es importante destacar que los 68,9 millones de bolivianos representan el 12,4% de los ingresos totales del Gobierno Departamental. De esta cifra, 17,5 millones se asignan a la ALDT, mientras que el resto se destina a la Gobernación.
La preocupación por la salud financiera del departamento es evidente. El gobernador Oscar Montes, al iniciar su gestión, informó que el presupuesto proyectado para 2024 era de 561,6 millones de bolivianos, pero los ingresos reales alcanzaron solo 448,2 millones. Para 2025, se anticipa una disminución del 22% en los recursos.
Uno de los rubros más afectados ha sido el de Regalías, que se esperaba generara 463,7 millones de bolivianos, pero solo se recibieron 359,7 millones, lo que representa una caída de 104 millones.
Ante esta problemática, el gobernador Montes ha manifestado su intención de estabilizar las finanzas de la Gobernación mediante la implementación de medidas de austeridad. Esto incluye la reducción de las secretarías de 13 a solo cuatro: Economía y Finanzas, Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, Obras Públicas, y Desarrollo Humano. Además, se ha llevado a cabo la eliminación de más de un centenar de puestos de trabajo en el aparato estatal.
En este sentido, Montes ha instado a la ALDT a respaldar estas medidas, sugiriendo una reducción en su presupuesto, la disminución de personal administrativo y la reducción del número de asambleístas.
El presidente de la ALDT, Alan Barca, ha confirmado que recientemente se reunió con Montes para discutir la situación institucional y acordaron establecer mesas técnicas que permitan realizar ajustes económicos, incluyendo la reestructuración del ejecutivo y la reducción de salarios, lo cual requerirá la aprobación de nuevas leyes.
Barca ha admitido que en años anteriores no hubo una coordinación efectiva entre el ejecutivo y el legislativo, pero ahora han comenzado a trabajar juntos para abordar la crisis. Aunque se ha mencionado la posibilidad de una reestructuración dentro de la ALDT, el presidente ha sido cauteloso, sugiriendo que las mesas técnicas serán las encargadas de presentar una propuesta sobre la reducción de salarios, aunque subrayó que esto no resolverá por sí solo la situación financiera del departamento.
La crisis económica, según el presidente de la ALDT, no solo afecta a Tarija, sino que también tiene un impacto a nivel nacional, incluyendo la Región Autónoma del Chaco.
Por su parte, el asambleísta departamental Mauricio Lea Plaza ha señalado que la Gobernación enfrenta actualmente una falta de liquidez, lo que ha dificultado el cumplimiento de los salarios de los funcionarios públicos. Ha enfatizado que es crucial priorizar el tratamiento de las cuestiones financieras en la Asamblea, sugiriendo que se debe avanzar rápidamente en la ley que reorganiza el ejecutivo y que establece la reducción de secretarías y ajustes salariales.
La crisis también se ha dejado sentir en la Región Autónoma del Chaco, donde la disminución en la producción de gas ha afectado a las instituciones públicas, generando movilizaciones y tensiones en Yacuiba. El alcalde de esta localidad, Carlos Brú, ha expresado que, ante la falta de recursos, se verán obligados a considerar una reducción de salarios, instando al ejecutivo regional a cumplir con las transferencias necesarias para salud, educación y desarrollo productivo
