El departamento amazónico de Beni se encuentra sumido en una profunda crisis social y sanitaria, con organizaciones locales convocando a un paro cívico de 24 horas en protesta por lo que describen como abandono estatal y el inminente colapso de su sistema de salud público. La situación en los centros hospitalarios de tercer nivel, como el Hospital Materno Infantil y el Hospital Germán Busch, es particularmente crítica, operando con recursos muy por debajo de las asignaciones presupuestarias. Se ha reportado que el Hospital Materno Infantil recibió apenas un millón de bolivianos de los 3.8 millones previstos para el semestre, mientras que el Hospital Germán Busch obtuvo solo 4 millones de bolivianos de los 6 millones comprometidos. La escasez de insumos es palpable: farmacias hospitalarias carecen de medicamentos esenciales, no se realizan pruebas básicas para recién nacidos, y el personal médico afronta hasta tres meses de salarios impagos. La comunidad médica local ha expresado que el sistema de salud está al borde del colapso. Representantes cívicos han manifestado que la región parece subsistir con recursos mínimos, a pesar de la explotación de sus riquezas naturales, como el oro, cuyos beneficios no se reflejan en el desarrollo local.
En este contexto de creciente tensión, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha emitido un pronunciamiento señalando una serie de irregularidades en la gestión financiera del Gobierno Autónomo Departamental del Beni. La cartera económica indica que la Gobernación de Beni no estaría actualizando de manera adecuada el registro de las transferencias recibidas del Tesoro General de la Nación, lo que genera significativas discrepancias entre los datos del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) y los montos efectivamente desembolsados por el Gobierno central. El Ministerio ha destacado que, a junio de 2025, la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) del GAD-Beni apenas alcanza el 31.9%, a pesar de haber recibido un incremento en las transferencias automáticas. Desde la Unidad de Entidades Territoriales de la cartera se ha aclarado que los montos programados en el presupuesto son de carácter referencial y no implican una garantía de desembolso, por lo que no corresponde exigir al Ministerio la instrucción de su liberación.
Asimismo, se ha observado una drástica disminución en los ingresos propios de la Gobernación. Las regalías mineras, que en 2019 superaban los 114 millones de bolivianos, se redujeron a solo 26 millones de bolivianos en 2024. Se ha recordado que la Ley de Minería establece la recaudación de estas regalías como responsabilidad de los gobiernos departamentales, instando al GAD-Beni a revisar y mejorar su gestión tributaria.
En cuanto a los recursos para el sector salud, el Ministerio de Economía ha informado que entre enero y junio del presente año se transfirieron 14 millones de bolivianos destinados al financiamiento de los establecimientos de salud bajo la administración de la Gobernación. Adicionalmente, se ha recordado que en 2022 se asignaron 100 millones de bolivianos al departamento con el fin de liberar recursos para áreas prioritarias como la salud y la educación. El Ministerio ha exhortado a la gobernación a llevar a cabo una conciliación técnica de sus ingresos y a establecer prioridades claras en la distribución de sus recursos, antes de adoptar medidas que puedan perjudicar a la población. A pesar de las declaraciones gubernamentales, la situación en las calles de Trinidad y otras localidades benianas refleja una creciente protesta, impulsada por la persistente escasez y la percepción de abandono en una de las regiones más extensas del país, con más de medio millón de habitantes
