La situación financiera de la Gobernación de Tarija se encuentra en una encrucijada, marcada por la obligación de financiar programas que, por ley, deberían ser responsabilidad del Gobierno Nacional. Desde 2012 hasta 2024, la administración regional ha desembolsado más de 825 millones de bolivianos, una carga que ha comenzado a afectar gravemente sus finanzas.
El asambleísta Luis Lema ha expresado su preocupación al señalar que la Gobernación ya no cuenta con los recursos necesarios para continuar asumiendo estos gastos, especialmente en un contexto donde los ingresos por regalías han disminuido drásticamente. Según Lema, los fondos que se han transferido a la Gobernación han sido utilizados para cubrir diversas obligaciones, que van desde programas sociales hasta servicios educativos, todos pertenecientes al ámbito nacional.
A pesar de la necesidad de mantener estos servicios, los ingresos han caído un 82% en los últimos años. Entre los programas afectados se encuentran la Renta Dignidad, el Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica, y otros servicios esenciales como el Centro de Rehabilitación y Capacitación para Ciegos. Esto ha llevado a la administración departamental a una situación insostenible.
El asambleísta subrayó que, aunque estas inversiones han sido cruciales para garantizar la continuidad de los servicios en Tarija, el peso económico que recae sobre la Gobernación se ha vuelto insostenible. En 2014, la Gobernación recibió cerca de 1.994 millones de bolivianos en regalías, mientras que para 2024 esta cifra se ha reducido a solo 360 millones, lo que representa una disminución alarmante del 82%.
Esta caída en los ingresos está directamente relacionada con la disminución de la producción de gas en el departamento, que ha pasado de 40,8 millones de metros cúbicos diarios a solo 14,84 millones en la actualidad, reflejando una reducción del 63%.
Lema también ha señalado la falta de avances en el debate sobre el Pacto Fiscal, un tema que ha permanecido en la agenda sin resolución durante más de diez años. A pesar de la crisis económica que enfrentan muchas regiones, el Gobierno Nacional no ha mostrado interés en discutir una redistribución más equitativa de los recursos, lo que agrava aún más la situación de las gobernaciones
