En el penal de Morros Blancos, ubicado en Tarija, se enfrenta una alarmante realidad que trasciende el problema del hacinamiento, que ya alberga a más de 1,200 internos. El padre Miguel Sotelo, quien ejerce como párroco de la prisión, ha revelado que más del 80% de los reclusos se encuentran involucrados en el consumo de drogas y alcohol.
El clérigo ha descrito la situación dentro del penal como crítica, destacando que algunos internos, en momentos de vulnerabilidad emocional, son blanco de quienes ofrecen sustancias prohibidas. Según Sotelo, el uso de drogas no solo contribuye a un ambiente de agresividad y conflictos entre los internos, sino que también ha sido un factor determinante en las 22 muertes registradas en los nueve años que lleva trabajando en la institución.
El padre Sotelo ha aconsejado a los internos que deseen sobrellevar su tiempo en prisión que adopten una actitud de indiferencia hacia lo que sucede a su alrededor, sugiriendo que mantenerse al margen es esencial para su bienestar en ese entorno hostil.
Por otro lado, la Asamblea de Derechos Humanos ha señalado que los derechos de los internos son frecuentemente vulnerados. Denuncian prácticas irregulares como el cobro de tarifas por la asignación de celdas y el pago de prediarios para la alimentación, además del descontrol en el consumo de drogas y alcohol, que parece ser tolerado por las autoridades.
Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Tarija, ha manifestado que en sus talleres se ha evidenciado que más del 80% de la población carcelaria consume drogas, lo que sugiere la existencia de un microtráfico activo dentro del penal. Este fenómeno no solo alimenta una cultura de riesgo, sino que también incrementa la sensación de inseguridad en el lugar. La situación en Morros Blancos plantea serias interrogantes sobre la gestión del sistema penitenciario y la atención que reciben los internos en su proceso de reintegración social
